El Gobierno de Pedro Sánchez aprobaba, el pasado 20 de febrero, la ley 2/2023, más conocida como Ley de Protección de los Informantes. Una normativa que daba de plazo hasta el 13 de junio para que las administraciones públicas activaran un “portal de denuncias” el cual, en el caso del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, podría provocar más polémicas que certezas para sus usuarios.
Parece que otra de las normativas diseñadas desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta legislatura está a punto de provocar la polémica entre los ciudadanos del país, así como entre las empresas de más de 254 trabajadores. Se trata de la Ley de Protección del Informante, que entraba en vigor el pasado 13 de marzo, y que daba tres meses de plazo para que las entidades públicas y privadas consiguieran crear una plataforma anónima de denuncia de irregularidades, habiéndose cumplido ya el plazo para crear este nuevo portal digital en las plataformas web de las distintas instituciones.
“Se persigue otorgar una protección adecuada a los informantes frente a las represalias que pudieran sufrir por el hecho de haber comunicado irregularidades o determinados incumplimientos normativos” destacan desde el portal Periscopio Fiscal y Legal sobre esta nueva Ley.
Así pues, el planteamiento realizado desde el Gobierno de la nación es que sean los propios ciudadanos y/o trabajadores los que, a través de este portal, denuncien situaciones irregulares de las administraciones públicas o privadas. Una denuncia que llegará a este Portal del Informante, al que sólo tendrá acceso un trabajador de la institución, que será responsable de preservar el anonimato de este individuo, a la vez que tramitar esa denuncia dentro de los organismos correspondientes.
POZUELO CREA EL PORTAL “ANÓNIMO”, AL ALCANCE DE TODOS
Fecha límite para la creación de este apartado web que parece haber pillado desprevenidas a muchas instituciones públicas y privadas, como es el caso del propio Ministerio del Interior, que, a pesar de haberse vencido el plazo máximo para la creación del portal, sigue sin contar con este apartado anónimo dentro de su web.
Una situación que, sin embargo, no parecía afectar directamente al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que parece haber estado trabajando para poner este servicio a la atención del ciudadano lo antes posible. “El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón se encuentra actualmente en fase de implementar un nuevo canal específico de denuncias para los ciudadanos” destacaban desde el Consistorio en su página web.
Sin embargo, durante este tiempo, el Ayuntamiento no ha dudado en poner a disposición de los ciudadanos un segundo portal en el que ofrecer sus quejas. En concreto, a través de la aplicación “Pozuelo Responde”, desde donde, según el Ayuntamiento, los ciudadanos pueden presentar las denuncias”. Una propuesta en la que, sin embargo, el Consistorio no señala que estas denuncias pierden casi por completo su anonimato, ya que el portal de Pozuelo Responde está accesible a muchos de los trabajadores del Ayuntamiento, siendo así un completo ejercicio de señalamiento hacia los ciudadanos que decidan mostrar sus quejas y denuncias a través de esta segunda plataforma, mientras se activa el portal obligado por la Ley de Informantes.
UNA MULTA DE HASTA 600.000 EUROS
Una nueva obligación impuesta por el Gobierno nacional a todas las empresas, especialmente a las más grandes, que supone además un fuerte riesgo para todos aquellos que, al igual que el departamento de Fernando Grande-Marlaska, se hayan “retrasado” a la hora de crear este portal para los ciudadanos y usuarios.
Y es que, tal y como se desprende de la nueva Ley, las multas que se podrán imponer desde la Autoridad Independiente de Protección del informante variarán desde los 10.000 euros, a los cerca de 600.000 euros. En concreto, las personas físicas podrán ser multadas hasta los 30.000 euros ante la falta de este portal, mientras que las sanciones económicas a las instituciones de mayor tamaño, personas jurídicas, varían entre los 100.001 euros hasta los 600.000 euros.
