La guerra política se ha abierto este verano, tras la publicación del nuevo decreto ley del Gobierno nacional por el ahorro energético. Una normativa que intenta paliar la crisis energética que atraviesa todo el panorama internacional, pero de la que parece que se librarán los principales edificios dependientes de las administraciones públicas madrileñas gracias a un “tecnicismo”. Una “trampa” que, sin embargo, no estará al alcance de los empresarios madrileños.
Hace apenas una semana, el Gobierno de Pedro Sánchez publicaba un nuevo decreto ley centrado en el “ahorro energético“. Una necesidad que llega tras la brutal crisis energética que atraviesa Europa, y en un momento en el que los precios de esta energía están en máximos históricos.
Nueva normativa que, sin embargo, pronto se encontraba con el frontal rechazo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que aseguraba que “Madrid no se apaga”. Unas palabras que se entendían como un nuevo desafío de la Comunidad de Madrid frente al Gobierno nacional, pero que ahora, han demostrado tener más fondo, ya que el Gobierno regional ha conseguido encontrar la forma de no apagar algunos de los lugares más emblemáticos de la capital, a pesar de la normativa de Pedro Sánchez.
EL “TECNICISMO” QUE CUMPLIRÁ LOS DESEOS DE AYUSO
Y es que algunos de los edificios más emblemáticos de Madrid, como es el caso de la Real Casa de Correos, mantendrán sus fachadas iluminadas a partir de este miércoles. Algo que, a primera vista, parece desafiar al decreto ley impuesto por el Gobierno de la nación.
Sin embargo, los edificios que mantendrán sus fachadas encendidas, y que dependen de la Comunidad de Madrid, podrán continuar con su alumbrado, a pesar de la nueva normativa, debido a su categoría como “monumentos” de la región madrileña. Monumentos que, debido a esta condición, no se ven afectados por el decreto energético “por interés cultural y turístico”.
Así lo ha asegurado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que ha remarcado que los edificios que mantendrán su fachada iluminada son aquellos considerados como edificios de Bien de Interés Cultural (BIC). Edificios entre los que se encuentra la Real Casa de Correos, el edificio de la Consejería de Medio Ambiente, o la propia Cibeles, que tampoco se apagará a partir de este miércoles, tal y como ha anunciado el edil madrileño, José Luis Martínez-Almeida.
“Esos edificios no se ven afectados por el real decreto ley, con lo cual van a seguir con el mismo régimen que tenían hasta el momento” ha defendido Ossorio.
LOS EMPRESARIOS MADRILEÑOS NO SE ACOJEN A ESTE “TECNICISMO”
Así pues, esta consideración de los edificios públicos madrileños como monumentos “de interés” se ha convertido en una especie de “victoria” de la Comunidad de Madrid, así como del Ayuntamiento, frente al decreto ley impuesto desde el Gobierno de España. Una victoria de la que, sin embargo, no podrán disfrutar los empresarios madrileños afectados por esta nueva normativa.
Y es que, a pesar de que la presidenta de la Comunidad ha prometido llevar el escrito ante los tribunales, lo cierto es que actualmente todos los empresarios están obligados a cumplir con el decreto ley diseñado por el Gobierno. Un texto que, tal y como han lamentado diversas asociaciones de empresarios, es demasiado “genérica”.
Algo que puede exponer a estos empresarios madrileños, por desconocimiento de la norma, a sanciones económicas de más de 60.000 euros. Algo que puede suponer la ruina para muchos de estos empresarios, generalmente autónomos o gestores de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el consumo o el turismo.
Empresas que no podrán acogerse, al menos de momento, a ningún “tecnicismo” que les permita seguir manteniendo sus escaparates, o las temperaturas de confort de sus locales, más allá de lo estipulado por el decreto ley del Gobierno que, una semana después de su aprobación, sigue generando una fuerte polémica, tanto nacional, como regional.
