El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) toma cartas en el asunto y del anuncio pasa al hecho en el asunto de la presunta revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, un delito que habría cometido la propia Fiscalía al desvelar datos privados de A.G.A., al quien se ha abierto un proceso en la Agencia Tributaria y que podría haber incurrido en delitos penales. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, trató de mediar la pasada semana en el caso con escaso éxito.
El ICAM interpondrá dos denuncias, una administrativa y otra penal por la presunta vulneración del secreto de las comunicaciones de un colegiado por la revelación de datos en la investigación abierta en el caso de las comisiones de la pareja de la presidenta de Madrid.
El ICAM defiende así los intereses de su colegiado tras las revelaciones de la Fiscalía de Madrid en un comunicado remitido a los medios sobre el supuesto ofrecimiento de un pacto por parte de este letrado en el marco de las diligencias de investigación relacionadas con un presunto fraude fiscal. A.G.A. es una persona anónima en el ámbito público y sus deslices o presuntos delitos con la Agencia Tributaria no afectan a la Comunidad de Madrid ni tampoco al erario público, más allá del supuesto fraude fiscal.
EL ICAM BUSCA DEPURAR RESPONSABILIDADES
«Ambas denuncias persiguen la identificación completa de los autores de estos hechos para depurar responsabilidades», ha afirmado el decano del ICAM, Eugenio Ribón. Asimismo, el ICAM actúa por cuenta propia ya que no ha recibido ni presiones ni llamadas por parte de la Comunidad de Madrid ni de ninguno de los representantes, según ha expuesto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
Así las cosas, el ICAM pondría en entredicho la actuación del Ministerio Público ante la comisión de dos presuntos delitos tipificados en el Código Penal, como la violación de secretos y otro por infidelidad en la custodia de documentos.
Estos hechos, además, constituirían «una vulneración sin paliativos del artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece como pauta general de actuación el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados». El citado artículo apunta que la Fiscalía podrá «informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario», pero añade: «Y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados». Esta última frase se incluyó en la reforma de 2003.
EL SAGRADO DERECHO A DEFENSA, VULNERADO
«Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión», ha recordado Ribón del artículo de la Constitución.
Además, ha recordado el «sagrado e inviolable» derecho de defensa, «una garantía para la sociedad, pieza básica del Estado de Derecho y un principio fundamental sobre el que se asienta nuestro sistema de justicia».
En este sentido, considera que la Fiscalía de Madrid se excedió e incumplió presuntamente su propia pauta general de actuación, el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados, como remarca el último punto del artículo cuarto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
LA FISCALÍA DIO TRASLADO DE DATOS PERSONALES
Además, el Colegio presentará una denuncia formal para iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Dicha norma «sanciona expresamente la divulgación indebida de información por parte de cualquier miembro del Ministerio Fiscal, información obtenida durante o por motivo de sus funciones, especialmente cuando dicha revelación perjudica la integridad de los procesos judiciales o afecta a cualquier individuo involucrado». Asimismo, el ICAM tratará de personarse en la causa.
El ICAM no entra a valorar la típica y habitual filtración de un hecho judicial a los medios, pero sí entra al fondo del asunto con la comunicación de la Fiscalía de Madrid sobre el caso de Ayuso. «Otra cosa es un comunicado oficial en el que se detalla con todo lujo de detalles los pormenores de estos datos», ha apuntado.
Y es que, se entregaron «datos concretos», «fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados». Además, se ha conocido la propuesta de un pacto de la defensa de A.G.A. sobre su caso con la Agencia Tributaria, un documento del que no se informó la pasada semana.
SECRETO EN LAS COMUNICACIONES, VULNERADO
«El Estatuto de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 135/2021, en su artículo 22, establece sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendidos», apunta la Fiscalía.
«Este marco legal subraya la importancia del secreto profesional, especialmente en las interacciones entre fiscales y abogados, ya sea durante las diligencias de investigación o en el transcurso de los procedimientos judiciales», recoge el comunicado.
A juicio del ICAM, «la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal».
