El exalcalde de Villaviciosa de Odón José J.S. ha tachado de “farsa” la acusación del Ministerio Fiscal que le sienta hoy en el banquillo de los acusados por un delito continuado de falsedad documental y prevaricación urbanística, hechos por los que se enfrenta a ocho años de prisión.
A su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid, el acusado ha confiado en salir absuelto del caso, tachando la acusación de “farsa injusta” y atribuyendo su implicación a “un engaño” de terceras personas.
“Se me acusa de falsear un documento de bodas civiles por poner que estábamos en un sitio diferente al salón de plenos cuando el Ministerio de Justicia nos autoriza a ponerlo. Esto ni en Venezuela”, se ha lamentado.
Junto al exregidor se sentarán en el banquillo de los acusados los concejales D. P. G., J. J. N. C., (cinco años y tres meses por un delito continuado de falsedad en documento público) y M. A, M. Z. (cuatro años y seis por un delito de falsedad en documento público), así como el representante legal de la mercantil Pescaderías Coruñesas, D. G. A., para quien pide un año de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad.
Según el fiscal, en 1992 la mercantil Pescaderías Coruñesas S. L adquirió por título de compraventa la finca “El monje” o “La Alabada” que siete años más tarde fue considerada como Espacio Natural Protegido por lo que fue clasificada como “Suelo No Urbanizable de Especial Protección”.
Pese a ello, desde al menos el 23 de abril de 2016 la mercantil Pescaderías Coruñesas comenzó a desarrollar en dicha finca eventos públicos como bodas con asistencia de más de cien invitados y el estacionamientos de vehículos en la zona.
Así, el 2 de julio de 2016 los Agentes del Cuerpo de la Policía Local de Villaviciosa de Odón comprobaron que hacia las 21 horas se estaba celebrando una boda en la finca con unas 135 personas presentes y formularon una denuncia.
A raíz de la misma el concejal de Industria y Comercio del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón A. R. B. incoó, un expediente sancionador por desarrollar la actividad de eventos sin licencia municipal.
Como consecuencia de ello, el exalcalde “con el propósito de favorecer los intereses de la mercantil Pescaderías Coruñesas, S.L.”, impartió instrucciones verbales tanto a la concejal de Seguridad, doña M. M. R. al Suboficial Jefe del Cuerpo de la Policía Local para que, sin su consentimiento, no se realizasen más inspecciones en la finca.
Tras la denuncia, la mercantil continuó celebrando otros eventos por eso el 29 de septiembre de 2016, la Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón acordó la incoación de expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y la suspensión inmediata de la actividad desarrollada ilícitamente en la finca.
No sirvió de mucho porque Pescaderías Coruñesas decidió “conscientemente” incumplir con la resolución y organizó “al menos” otros dos eventos. En 2017, y a pesar de carecer la correspondiente licencia, la mercantil o mediante empresas vinculadas celebró más actos públicos.
Mientras, el ex regidor seguía exigiendo a los policías locales que no acudieran a la finca sin su consentimiento, sin embargo, “a pesar de las órdenes ilegales (..) los Agentes del Cuerpo de la Policía Local continuaron cumpliendo sus obligaciones” .
Paralelamente, el 20 de octubre de 2017 se notificó al ayuntamiento la Orden nº 3020/2017, del Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio por la que se denegaba la calificación urbanística solicitada dos años antes por Pescaderías Coruñesas, S. L. para la celebración de eventos en la finca El Monje por lo que seis días más tarde, la entonces concejal de Industria y Comercio propuso acordar el cese de su actividad.
El exalcalde, “con el propósito de favorecer los intereses de la mercantil” procedió, desde el mes de abril de 2016, “no sólo a tolerar la celebración de eventos, singularmente bodas, en la finca ‘El Monje’, a pesar de conocer que los mismos carecían de la preceptiva licencia municipal, sino a oficiar bodas civiles en dicho lugar, autorizándolas él mismo o disponiendo la asistencia de concejales del ayuntamiento en quienes delegaba la competencia al efecto”.
Y ello a pesar de que Dirección General de Medio Ambiente comunicó al consistorio que sólo estaban habilitados por el Ayuntamiento dos locales para la celebración de bodas por el Alcalde o Concejales delegados: el Salón de Plenos y la Casa-Palacio Manuel de Godoy.
Es más, la Fiscalía acusa al alcalde de alterar “conscientemente” las actas de celebración de matrimonios haciendo constar “mendazmente” como lugar de celebración dichos locales municipales “cuando en realidad se habían celebrado, en todos los casos, en la finca privada El Monje”.
