Madrid con la inclusión social. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un gasto de 2,7 millones de euros destinado a fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad severa en los Centros Especiales de Empleo (CEE) de la región.
Esta cantidad se suma a los 70,6 millones de euros en ayudas que ya aprobó el Ejecutivo autonómico en pasadas convocatorias (50 millones en junio y otros 20,6 en el mes de octubre), según ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.
Alcanza así un total de 73,3 millones dirigidos en 2020 a la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo para un colectivo vulnerable que, sobre todo en el caso de las personas con discapacidades severas, tienen mayores dificultades de acceso al empleo fuera del mercado protegido.
Con las convocatorias anteriores, la Comunidad de Madrid había cubierto hasta el 50 por ciento del salario mínimo interprofesional (SMI) de los nuevos contratos a trabajadores con discapacidad o el mantenimiento de los ya existentes. Esta nueva dotación permitirá alcanzar el 55 por ciento del SMI –o su parte proporcional en el caso de contrato a tiempo parcial– en contrataciones a personas con discapacidad severa.
En concreto, aquellas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento; así como a personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento. El periodo subvencionable incluye los salarios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, así como las pagas de verano y Navidad.
Con todo ello, se refuerzan los recursos destinados a los 217 Centros Especiales de Empleo que desarrollan su actividad en la región, en los que trabajan más de 16.700 personas con discapacidad, y que se han visto especialmente afectados por la crisis sanitaria del coronavirus.
Estos centros son empresas de economía social cuyo objetivo es lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad, facilitando así su acceso al mercado laboral ordinario. Para tener esta consideración, al menos el 70 por ciento de la plantilla de estos centros debe estar formada por trabajadores con un grado de discapacidad superior al 33 por ciento.
