Según el estudio cualitativo Lo que el Periodismo piensa de las fake news —elaborado por la agencia Asesores (parte de Good Rebels) en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y con el apoyo de Dircom y Foro IA—, el mayor punto de fricción entre los profesionales reside en qué hacer cuando un portavoz público o político lanza una afirmación falsa: publicarla puede amplificar el bulo, pero callarla puede ocultar al ciudadano que un responsable público miente. Basado en 22 entrevistas en profundidad a periodistas de 17 medios españoles de referencia (prensa, digital, televisión, agencias y radio), el informe retrata una profesión autocrítica que señala la economía de la atención, la vulnerabilidad de la política nacional y el entorno digital, y el doble filo de la inteligencia artificial como ejes centrales de la crisis de credibilidad.
Altavoz o filtro: cómo actuar ante quien miente y el peso del sesgo editorial
Cuando un portavoz afirma algo falso en una rueda de prensa, un mitin o una entrevista, no existe una receta única compartida por toda la profesión. En el estudio se dibujan tres posturas principales entre los entrevistados. La posición más extendida —defendida por la mitad de los participantes (11 de los 22 entrevistados)— sostiene que la declaración es noticia en sí misma, pero no puede difundirse aislada: el dato que la desmiente debe ir en la misma pieza, de forma visible y cerca del titular, y nunca como una coletilla final o una rectificación tardía que no lee el mismo público.
Un grupo menor (cerca de una quinta parte de los entrevistados, en torno al 20% según la nota de prensa) aboga por no servir de altavoz cuando se sabe que el dato es falso, al considerar que el lector suele retener la frase falsa antes que la corrección y que publicar sin más legitima el llamado “periodismo de declaraciones”. Una tercera postura sostiene que el criterio debe ser la relevancia pública de quien habla o del asunto en debate, no la afinidad con el medio: si procede de una autoridad o afecta a un tema central, se publica bien contextualizado; si no aporta nada, se descarta.
En los programas en directo, el dilema se vuelve extremo porque el margen de reacción es mínimo y cualquier aclaración posterior llega tarde. Además, el informe recoge una autocrítica punzante: algunos entrevistados —al hablar de su propio entorno— advierten de que la contextualización o el desmentido tienden a activarse más cuando quien habla no es afín a la línea editorial del medio y a relajarse cuando sí lo es. Para una gran parte de la muestra (14 de los 22), el daño principal no reside solo en la mentira burda, sino en el sesgo, la media verdad y el dato cierto mal encuadrado.
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│ CLAVES DEL ESTUDIO SOBRE PERIODISMO Y FAKE NEWS │
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│ • Impulsores: Asesores (Good Rebels) y Facultad de CC. de la Inf. (UCM)[cite: 22, 65].│
│ • Colaboradores: Dircom y Foro IA (con asesoramiento científico UCM)[cite: 22, 64, 65].│
│ • Muestra cualitativa: 22 entrevistas en profundidad en 17 medios[cite: 30, 34, 65]. │
│ • Soportes y secciones más expuestos: Digital y política nacional. │
│ • Claves de fondo: Alfabetización mediática, firma y verificación previa[cite: 47, 50, 53].│
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Política nacional, formato digital y una cadena de verificación bajo presión
El diagnóstico del informe apunta con claridad a dónde golpea con mayor fuerza la desinformación. Quince de los 22 entrevistados sitúan la información nacional y política entre las más vulnerables, debido a tres factores que convergen: el interés electoral de quien busca rédito en votos, la implicación emocional y el sesgo de confirmación de quien lee, y una cobertura apoyada con frecuencia en declaraciones que se difunden antes de poder comprobarlas. Quince de los 22 señalan también al soporte digital como el más expuesto, por la presión de la inmediatez —que acorta el tiempo de contraste— y por la sensación de que siempre se puede rectificar después, algo que relaja la comprobación previa frente al cierre del papel[cite: 43, 65].
El informe también expone una cadena de confianza frágil dentro del propio ecosistema informativo: distintos medios y agencias tienden a dar por supuesta la verificación en origen o a publicar rápido y confirmar después, en un escenario donde 20 de los 22 entrevistados apuntan a la economía de la atención (el clic, el tráfico y la inmediatez) como motor del problema y 20 de los 22 reconocen que los propios medios generan, amplifican o legitiman desinformación. Asimismo, 20 de los 22 afirman que sus redacciones carecen de protocolos o herramientas específicas contra bulos o deepfakes, pese a tratarse de medios de referencia.
Inteligencia artificial: amenaza verosímil dentro y fuera de la redacción
La inteligencia artificial ocupa un lugar paradójico en las respuestas de los periodistas. Diecinueve de los 22 entrevistados consideran que la IA agrava la desinformación al abaratar la producción de contenidos falsos, multiplicar su volumen y elevar su verosimilitud en texto, imagen, vídeo o voz. Esta cautela contrasta con el panorama de fondo: según el Digital News Report España 2026 (Universidad de Navarra / Reuters Institute), un 74% de los ciudadanos muestra preocupación por distinguir lo verdadero de lo falso en internet y solo un 33% confía habitualmente en las noticias, mientras el Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial sitúa la desinformación como el segundo riesgo global más grave a dos años.
A la vez, 17 de los 22 entrevistados utilizan ya la inteligencia artificial en su rutina diaria —para resumir documentos, sugerir titulares, consultar hemerotecas, apoyar escaletas o ayudar en comprobaciones—, aunque con recelos sobre su uso para reducir plantillas o acelerar la producción sin el suficiente contraste humano. El reto más inquietante señalado por el estudio es compartido: 21 de los 22 creen que ni la sociedad ni la propia profesión distinguen con fiabilidad lo que crea la IA, y 16 de los 22 perciben que el público no diferencia entre un medio, un pseudomedio y un creador de contenido, mientras 17 de los 22 identifican la pérdida de credibilidad de los medios como el gran daño para el sector.
Educación desde la escuela, revalorizar la firma y el debate sobre los límites
Frente a este escenario, los periodistas entrevistados coinciden en que la salida no pasa por una ley que controle el trabajo informativo de los medios, sino por cambios de fondo. La propuesta que más se repite es la alfabetización mediática desde la escuela —enseñando a identificar fuentes, desconfiar de lo que carece de autoría y comprender cómo circula la información—, con el paralelismo del tabaco como hábito transformado desde la base educativa y no solo mediante prohibiciones. A ello se suma revalorizar la firma y el testimonio directo de quien investiga, contrasta y responde de lo publicado.
En materia de regulación, los entrevistados reclaman límites y responsabilidades para aquello que circula sin control editorial ni rendición de cuentas, como las grandes plataformas, los perfiles falsos, los influencers y el etiquetado visible del contenido generado por IA (obligación contemplada en el artículo 50 del Reglamento europeo de IA desde agosto de 2026, junto a las exigencias del Reglamento de Servicios Digitales), pero expresan desconfianza hacia un eventual regulador político por temor a la censura o al uso partidista de la norma. A partir de estos hallazgos, Asesores propone un decálogo orientativo de diez medidas —que incluye desmentir en la misma pieza, verificar antes de publicar, aplicar el mismo criterio a todos, reforzar las redacciones y hacer de la calidad el modelo de negocio— dejando abierta la gran pregunta sobre cómo lograr que el público reconozca con claridad el valor del periodismo verificado.








