El Tribunal Supremo de España ha emitido una nueva sentencia favorable a Maxi Mobility, filial de Cabify, revocando la denegación de 1.000 autorizaciones de VTC por parte de la Comunidad de Madrid. Esta decisión se suma a otra similar de la semana pasada, ampliando el margen de la compañía para obtener 2.000 nuevas licencias en la región.
La más alta instancia judicial del país ha vuelto a fallar a favor de Cabify en su lucha por obtener nuevas licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Esta vez, el foco está en la Comunidad de Madrid, donde Maxi Mobility presentó un recurso contra la denegación de 1.000 solicitudes de autorizaciones de VTC tramitadas en 2018. El Tribunal Supremo ordena la reapertura del proceso, replicando así una sentencia similar de la semana anterior referente a otras 1.000 licencias.
Estas decisiones judiciales marcan un hito para Cabify, ya que, en conjunto, otorgan a la compañía la posibilidad de incorporar 2.000 nuevas licencias de VTC en la Comunidad de Madrid. La sentencia consultada por Europa Press revela que las autorizaciones fueron solicitadas por Cabify el 20 de abril de 2018, justo un día antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy implementara un decreto que restringía la relación de VTC a una por cada 30 taxis.
POSIBLE AUMENTO DE LICENCIAS VTC
La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) informa que el día en que se presentaron estas solicitudes, se tramitaron hasta 25.000 licencias de VTC en la Comunidad de Madrid. Esta cifra plantea la posibilidad de que, si el Supremo mantiene su posición en otros casos similares, el número de autorizaciones a revisar podría aumentar significativamente.
Sin embargo, desde entonces, el Gobierno actual aprobó una ley en junio del año pasado, proporcionando a las comunidades autónomas y ayuntamientos herramientas para limitar las autorizaciones de licencias VTC, considerando aspectos medioambientales y de gestión del tráfico en las ciudades. Esto ocurrió después de que la justicia europea anulara la restricción 1/30 pero permitiera la posibilidad de limitar nuevas licencias por motivos ambientales y de congestión vial.
EL PODER DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
En este nuevo escenario, la Comunidad de Madrid podría utilizar la legislación actual para argumentar que la concesión de nuevas licencias de VTC implicaría más vehículos en las calles y, por ende, aumentaría la contaminación. No obstante, es crucial destacar que la región madrileña, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, ha adoptado una postura más permisiva hacia las empresas de VTC en comparación con otras comunidades autónomas, a menos que se vea obligada a restringir su actividad debido a las presiones del sector del taxi.
Según los últimos datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en la Comunidad de Madrid actualmente hay 15.363 autorizaciones de taxi y 8.893 de VTC. En Cataluña, la cifra es de 12.361 licencias de taxi y 3.219 de VTC. A nivel nacional, se contabilizan 60.983 licencias de taxi y 19.093 de VTC.
IMPACTO PARA CABIFY Y EL SECTOR DEL TAXI
Para Cabify, esta victoria legal implica una expansión significativa de su flota y una mayor presencia en la Comunidad de Madrid. La posibilidad de obtener 2.000 nuevas licencias de VTC abre nuevas oportunidades de negocio y consolida la posición de Cabify como una opción viable en el competitivo mercado de la movilidad.
Por otro lado, el sector de taxis podría enfrentarse a un aumento de la competencia, lo que podría generar tensiones y descontento entre los taxistas. La densificación del tráfico y la eventual contaminación adicional también podrían ser áreas de preocupación para el sector del taxi, que históricamente ha visto en las licencias VTC una amenaza a su modelo de negocio.
El fallo del Tribunal Supremo establece un precedente relevante en la regulación de las licencias de VTC en España. A medida que se abran nuevos procesos judiciales y se presenten más recursos, la relación entre las empresas de movilidad como Cabify y el sector del taxi seguirá siendo un tema candente en el ámbito legal y regulatorio.
El gobierno regional de la Comunidad de Madrid, en particular, enfrentará la difícil tarea de equilibrar los intereses de las empresas de VTC y los taxistas, así como de abordar las preocupaciones medioambientales y de congestión vial.
