CC.OO. reclamará este jueves la readminisión de los 119 rastreadores de la Dirección General de Salud Pública que fueron despedidos el pasado 30 de junio durante la vista oral de juicio que tendrá lugar este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para dirimir si esta decisión de la Consejería de Sanidad es ajustada a derecha.
Se trata de más de titulados medios y titulados superiores de disciplinas relacionadas con Ciencias de la Salud, Biología o Trabajo Social que fueron contratados a lo largo de 2020 para la detección precoz de casos de Covid-19 y para el seguimiento de casos y sus contactos estrechos en la Comunidad de Madrid.
Los contratos fueron prorrogados (que no renovados) en tres ocasiones (1 de enero de 2021, 1 de julio de 2021 y 1 de enero de 2022), ha explicado el sindicato, que representa en demandas individuales a más de una veintena de profesionales.
Los servicios jurídicos de CC.OO. reclamarán a la Sala de lo Social del TSJM en la vista oral del jueves la nulidad del despido y la readmisión de los rastreadores. Según entiende el sindicato, el Gobierno regional podría haber vulnerado la reforma laboral, aprobada en diciembre de 2021, porque la nueva norma no contempla la posibilidad de que las Administraciones Públicas puedan ejecutar despidos colectivos.
En su demanda, la organización sindical defiende que estos profesionales, antes de ser despedidos, prestaron servicios en otras tareas, que si bien son propias de la Consejería de Sanidad, no tienen relación con las que originaron la contratación.
DESPIDO COLECTIVO
Además, alega que partiendo de la situación actual derivada del Covid-19 y del mantenimiento de personal (50 profesionales) que hace idénticas funciones a las que venían realizando las personas despedidas, no es cierto que haya finalizado la obra o servicio para la que fueron contratados.
A este argumento se suma, además, que al suponer más de un centenar de despidos, las extinciones de contrato que se hicieron efectivas a fecha 30 de junio se deberían considerar por ley un despido colectivo al afectar a más de 30 trabajadores de una plantilla de más de 300 trabajadores y que no ha sido contemplado como tal.
También se pondrá en valor que la medida no fue comunicada a la representación legal de los trabajadores ni se entregó documentación justificativa de ningún tipo “a pesar de haber sido solicitada expresa y reiteradamente”.
En este línea, la organización sindical defenderá que se produjo un fraude generalizado en la contratación y pedirá que se declare la nulidad el despido colectivo al considerar que las finalizaciones de contrato “son contrarias a derecho y causan indefensión, por no ser cierto que haya concurrido el fin de obra o servicio para el que fueron contratados”.
