Los sindicatos CSIF y JUPOL han alertado este lunes de que la “crítica” situación que vive el Centro de Apoyo a la Seguridad (CAS), dependiente del Ayuntamiento de Madrid, por falta de personal puede obligar a cerrar definitivamente las instalaciones.
En este centro se ofrece asistencia sanitaria a los detenidos que realizan tanto Policía Municipal como Policía Nacional, además de prestar asistencia a víctimas de maltrato por violencia de género, víctimas de agresiones, autolesiones, accidentes de tráfico, extracciones sanguíneas para determinación de alcoholemia.
En un comunicado, CSIF ha subrayado que ambos sindicatos, mayoritarios en el ámbito nacional de Policía Local y Nacional, llevan meses alertando a las autoridades del “grave riesgo del cierre definitivo” de unas instalaciones que consideran “de máxima importancia para su trabajo diario, pero también para el conjunto de los madrileños”.
Ante esta situación, ambos sindicatos han denunciado que el cierre del CAS supondría “que todas estas prestaciones deban derivarse a la red de Hospitales de la Comunidad de Madrid”. “En el caso de la asistencia a los detenidos, ello genera un problema de seguridad para los propios ciudadanos que acuden a las Urgencias, pues no hay sitios habilitados para custodiar a los detenidos a parte del resto de usuarios”, advierten.
Además, alertan de que la derivación a las Urgencias hospitalarias supondría aumentar la saturación asistencial y por lo tanto, la demora de estos centros, con el consiguiente perjuicio para los enfermos que acuden a las Urgencias y la importante pérdida temporal de patrullas en las calles.
Frente a esta situación, ambas organizaciones sindicales han lamentado que la titular del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, haya declinado en varias ocasiones reunirse con estos sindicatos para tratar el tema, al igual que el gerente del Organismo Autónomo Madrid Salud, Antonio Prieto, del cual depende la gestión directa del servicio.
Mientras, desde CSIF y JUPOL siguen realizando reuniones con los diferentes grupos políticos municipales de Madrid “con el fin de denunciar la situación e instar a la Corporación municipal a que tome las medidas oportunas para dotar al CAS de los medios materiales y humanos necesarios para que preste adecuadamente su servicio”.
