Muchos son los ciudadanos responsables con el medio ambiente, y solidarios con sus prójimos, que deciden “reciclar” su ropa para que sea utilizada por aquellos más necesitados. Sin embargo, este gesto de solidaridad supone millones para el Ayuntamiento de Madrid. También para las empresas privadas que se encargan de la gestión de estas prendas.
Porque se ha quedado pequeña. Porque se ha pasado de moda. O porque ya es ropa que no encaja en el armario. Hay muchas razones por las que, año tras año, miles de kilos de ropa son enviados a los contenedores de reciclado por los ciudadanos de Madrid. Madrileños que, mientras depositan la ropa que ya no usan en el contenedor, sólo tienen una idea en mente: “tal vez le sirvan a alguien que lo necesite”.
Un gesto de solidaridad hacia los más necesitados que, sin embargo, no es tan “transparente” como parece ser. Y es que, detrás de estos contenedores, hay millones de euros en juego. Un juego en el que es el Ayuntamiento de Madrid, junto a varias empresas privadas, los que mueven los hilos del reciclaje textil en la capital española.
El “ALQUILER” DEL AYUNTAMIENTO POR LOS CONTENEDORES DE ROPA
“Contrato de gestión de servicio público en la modalidad de concesión denominado: gestión del servicio público de recogida y gestión de ropa usada”. Con estas palabras está encabezada la adjudicación del Ayuntamiento de Madrid de la gestión de estos contenedores “solidarios”. Una adjudicación en la que el Consistorio “encarga” a empresas privadas la recogida y manipulación de estos textiles.
En concreto, según el documento público, el Ayuntamiento cede a “entidades gestoras adecuadas […] la recogida y posterior gestión de la ropa usada y residuos textiles recogidos en determinados puntos del término municipal de la ciudad de Madrid”. Puntos determinados por el “suministro y mantenimiento de 1.150 contenedores específicos”, que también están incluidos en el contrato citado.
Documento en el que aparecen tres lotes distintos de gestión, correspondientes a la zona Oeste, Este y Sur de Madrid. Lotes que, gestionados desde el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, deben ser gestionados por las empresas seleccionadas por el Consistorio madrileño para el tratamiento de estos residuos textiles.
Eso sí, no de forma gratuita. Y es que, en el mismo documento, el Ayuntamiento estipula un pago de estas empresas contratadas al Consistorio, en calidad de “prestaciones”. Así pues, el Consistorio establece un “ingreso” que debe recibir de las empresas “en base al número de contenedores contemplado en el contrato, y al precio unitario de licitación por cada recipiente instalado”.
Un ingreso que, según el documento de contratación, desde 2018 A 2022, supone un ingreso del Ayuntamiento de más de 1,5 millones de euros, únicamente por las “prestaciones” otorgadas a estas empresas.
LAS EMPRESAS SALEN “GANANDO” DE ESTA SOLIDARIDAD MADRILEÑA
Pero las empresas, algunas de ellas “normales”, y otras de carácter “social”, tampoco tienen “pérdidas” en este negocio de la ropa usada de los madrileños. Así pues, estas compañías sacan provecho de la recogida de estos textiles, ya sea con la reventa de los mismos, o con su reciclado.
Así pues, tal y como indica el propio Ayuntamiento de Madrid, “aproximadamente el 15% del material recogido es destinado a la reutilización, generalmente a través de su venta en comercios”. Del mismo modo, el 50% “se destina a reciclaje del material textil para la elaboración de nuevas prendas”. Procesos en los que las empresas reciben grandes beneficios.
En concreto, beneficios que superan el millón de euros, tal y como deslizaba eldiario.es en 2019, señalando a Recuperalia y Solidança como las empresas gestoras de estos materiales. Una información que se ha intentado actualizar desde este diario, recibiendo el silencio del Consistorio en esta cuestión.
Millones de euros que surgen de la solidaridad de miles de madrileños. Algo que demuestran las cifras del Ayuntamiento. Datos que muestran que, solo en 2017, se recogieron en Madrid 35 toneladas de ropa usada. Ropa “donada” por los madrileños para un bien común que, sin embargo, ha acabado convirtiéndose en millones de euros para empresas. Y para el propio Ayuntamiento.
