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viernes, 9 diciembre 2022 3:18

Los tres últimos ediles en declarar por el caso ITV niegan los delitos y aseguran estar “tranquilos”

Los tres últimos concejales del Gobierno de Móstoles en declarar dentro del ‘caso ITV’, en el que se investiga la condonación de una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa privada, han negado en su declaración los delitos de prevaricación y malversación que les imputan Más Madrid Ganar Móstoles (MMGM).

“Está todo bien, estamos tranquilos y confiamos en la Justicia, por supuesto”, han manifestado los ediles a su salida, en la misma línea que manifestaron los concejales que ya han comparecido, entre ellos la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE).

La actual edil de Igualdad, Dolores Triviño, se ha limitado a señalar que ha respondido “a las preguntas que me han hecho”, sin dar más detalles. También era el turno de declarar para la exedil de Urbanismo Beatriz Benavides, ahora jubilada, quien no ha querido hacer declaraciones, y de la concejala de Educación, Natividad Gómez (Podemos).

Al igual que sus predecesores -los cuatro ediles que declararon el pasado 16 de febrero–, las tres “se han acogido a su derecho a no declarar” a las preguntas del abogado de Más Madrid Ganar Móstoles (MMGM), aunque sí lo han hecho a las de la magistrada, y a alguna más de sus letrados, según han señalado fuentes de la acusación.

Las mismas fuentes, continúan insistiendo en que faltan por declarar los técnicos del Ayuntamiento, aquellas personas que emitieron informes desfavorables o que han estado presentes en las reuniones, “sobre todo en la de preparatoria de la Junta de Gobierno”.

“Lo que esperamos es que se ponga de manifiesto todo aquello que informaron con carácter previo al acuerdo”, han subrayado las mismas fuentes que destacan la importancia de estas declaraciones, ya que hasta ahora “nadie ha venido a reconocer que esos informes se vertieron, que se explicaron, y que las personas votaron con pleno conocimiento de que había esos informes en contra”.

Los técnicos a los que hace alusión serían la responsable de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, el interventor y el “secretario general accidental”, para quienes aún no hay fecha fijada para declarar.

QUERELLA

La querella que inició la investigación, interpuesta por Más Madrid Ganar Móstoles (MMGM), y admitida a trámite en abril del año pasado, se sustenta en que se “perdonó” el cobro de deuda pública a una empresa que no habría satisfecho las tasas que suponen la utilización de suelo público para desarrollar su actividad en la localidad, según argumentan en la denuncia.

“La necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no todo lo contrario, su condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada, y la reducción del canon para los próximos 20 años”, recalcan en el documento.

En el mismo documento de admisión a trámite se insiste en que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de prevaricación administrativa”.

Sin embargo, desde el Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, han señalado en varias ocasiones que la querella a la que se enfrenta la Junta de Gobierno de Móstoles es “política” y que está promovida “por un partido que busca judicializar la política, que quiere ganar en los juzgados lo que ha sido incapaz de lograr en las urnas”.

“Esperamos que los jueces sean los que dictaminen si ayudar a que algunas familias no perdieran su principal medio de vida, a que una empresa pagase al menos una parte de la deuda contraída con el Ayuntamiento de Móstoles, preservando empleos en los momentos más duros de la pandemia y dinamizando la economía, al igual que lo hizo ayudando a reactivar el comercio y la hostelería, es lícito”, han dicho.

Defienden que el acuerdo fue tomado con “respeto a la legalidad”, y para “defender el interés público con la finalidad de cobrar el máximo de la deuda y buscar una alternativa al cierre de las instalaciones”.

CITACIONES

El pasado 16 de febrero, declararon como imputados el teniente de alcaldesa, David Muñoz, la concejal de Empleo, Rebeca Prieto, el concejal de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín, y la edil de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz.

Todas estas citaciones se producen después de que el pasado 18 de noviembre la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, declarase como investigada en la causa, una acusación que entonces atribuyó a “una querella política”, manifestado estar “muy tranquila” y mostrando su confianza en la Justicia.

También se llamó entonces como investigados el tesorero del Ayuntamiento y el que fuera concejal de Hacienda, Aitor Perlines, sobre quien en su declaración la alcaldesa “descargó la responsabilidad” manifestado que se trataba de una iniciativa del edil y que la urgencia también la tramitó el mismo, según señalaron fuentes de la acusación.