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sábado, 2 julio 2022 21:10

El Pleno se suma al programa ‘VioPet’ para acoger a mascotas de mujeres maltratadas

El Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado este jueves adherirse al proyecto ‘VioPet’ del Ministerio de Derechos Sociales, un programa de acogida temporal o definitiva para animales de mujeres víctimas de violencia machista.

De tal forma, incluirá en los protocolos de actuación medidas que tengan en consideración esta circunstancia, como reservar plazas en el Centro de Protección Animal del municipio para casos de urgencia o establecer un programa específico para la patrulla Antón de la Policía Local, encargada de la protección de los animales.

Además formará a los empleados públicos que atienden a las víctimas y realizará jornadas de concienciación sobre animales de compañía y violencia de género. La moción ha sido aprobada con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos, en contra Vox y la abstención del PP.

Según la propuesta, muchas mujeres víctimas de violencia machista desisten de denunciar por miedo a dejar indefensas a sus mascotas. Así lo reflejan los datos que arrojan diversos estudios que aseguran que entre el 18 y el 48 por ciento de las mujeres maltratadas han retrasado la decisión de dejar a su agresor por temor al bienestar de sus animales y que muchos de estos, son también objeto de maltrato por parte del agresor.

Para evitar estas situaciones y seguir avanzando en la necesidad de luchar contra la violencia machista, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado hoy en pleno una serie de medidas para garantizar que las mascotas no queden desamparadas.

RETIRAR LA ‘LEY ÓMNIBUS’

El Pleno también ha aprobado una moción en la que insta a la Comunidad de Madrid a retirar el anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, conocida como ‘Ley Ómnibus’, al entender que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las administraciones locales.

Según la moción, la ciudadanía no podría poder ejercer su derecho a la defensa ante una norma que aborda aspectos que afectan a su vida diaria. En lo que respecta a los ayuntamientos, el proyecto “les dejaría en indefensión jurídica ante la cantidad de modificaciones que plantea en el ámbito competencial y la imposibilidad de recabar previamente sus opiniones”.