La Comunidad de Madrid se encuentra entre las regiones que más han disminuido sus emisiones totales entre 2019 y 2020 (-25%), tras Baleares (-32%) y La Rioja (-28%), y por encima de Aragón (-24%) y Galicia (-21%), según un estudio del Observatorio de la Sostenibilidad y AIS Group que analiza los datos de cada comunidad y ciudad autónoma y las políticas realizadas por todas ellas para combatir la emergencia climática.
Según este estudio, Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Galicia y Asturias fueron las comunidades autónomas que más dióxido de carbono (CO2) emitieron a la atmósfera entre 1990 y 2020.
El informe concluye que entre 1990 y 2020 Andalucía emitió el 15% del CO2 del conjunto nacional, seguida por Cataluña, con el 13%; Castilla y León, con el 10%; Galicia, 9% y Asturias, el 8%. Por el contrario, las comunidades con menor volumen de emisiones en ese periodo fueron Región de Murcia, Extremadura, Navarra y Cantabria, con un 2% respectivamente y, La Rioja, con el 1%.
No obstante, en ese mismo periodo las comunidades autónomas que más han disminuido sus emisiones totales entre 1990 y 2020 fueron Asturias, -42%, Galicia, -40%, Ceuta, -38%, Castilla Y León, -33%, y Aragón, -26%, siendo la reducción general en España del -6%.
Precisamente, el Observatorio apunta que en 2020 a consecuencia de la pandemia las emisiones se redujeron notablemente en todo el mundo y en España cayeron un 14%.
Respecto al volumen de emisiones reguladas en el mercado de emisiones, entre 2008 y 2020 en España bajaron un 19% en el conjunto del país y un 44% en Baleares, un 40%, en La Rioja; el 38% en Madrid, el 34% en Aragón y el 28% en Galicia.
Con todo, los mayores emisores per cápita son los asturianos, seguidos de los navarros, castellano leoneses y cántabros, coincidiendo una vez más con la localización de las centrales térmicas de carbón, de gas y de las instalaciones industriales en zonas por lo general poco pobladas.
Por el contrario, los menores emisores per cápita son los madrileños, valencianos y andaluces. Aunque es evidente que, sobre todo en el caso de Madrid, estas comunidades consumen mayoritariamente la energía que se produce en regiones como Aragón, Asturias o Galicia.
El año pico de emisiones de CO2 en España fue 2007, cuando se emitieron a la atmósfera 354 millones de toneladas de CO2 equivalentes. A nivel autonómico, las que primero alcanzaron su pico de emisiones fueron Galicia, Navarra y Canarias, en 2005.
El informe destaca que tan solo tres regiones, Andalucía, Cataluña y Baleares cuentan con una Ley propia autonómica de cambio climático y en estos momentos tramitan su ley País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León, La Rioja y Canarias.
El director del Observatorio de Sostenibilidad, Fernando Prieto, ha destacado que debido a la “decepción de la COP26 es cada vez más necesario considerar que cada tonelada de CO2”.
“Aunque el pico en las emisiones ya se ha producido en España y en todas las autonomías, es necesario hacer un esfuerzo en todas y cada una de las administraciones para descarbonizar sus territorios, así como todas las actividades que existen que sean todavía contaminantes en esta década clave 2021-2030”, ha manifestado.
Otro de los investigadores del Observatorio de Sostenibilidad, Carlos Alfonso, ha subrayado la importancia de que “todas las comunidades autónomas tengan una Ley de Cambio Climático comparable y exigente“.
Mientras, el director de desarrollo de negocio de AIS, Agustí Amorós, ha comentado la importancia del compromiso suscrito por la UE en la COP26 de elevar su objetivo de reducción de emisiones del 40 al 15% en 2030.
“Se puede aducir que las políticas energéticas e industriales pueden venir dadas por decisiones del Gobierno Central, sobre todo en el caso de la política energética donde las decisiones se han tomado desde una óptica centralizada; pero el importante grado de descentralización del país permite que los distintos territorios tengan cada vez mayor poder de decisión para contribuir a la lucha contra el cambio climático”, ha manifestado.
Entre sus recomendaciones, el informe del Observatorio de la Sostenibilidad aconseja aumentar la rendición de cuentas y la coherencia en las políticas; evitar las subvenciones a los combustibles fósiles apostando de forma clara por las energías renovables y el autoconsumo.
De ese modo, defiende que cada comunidad autónoma debe asumir sus responsabilidades para poner en marcha una agenda propia hacia la descarbonización porque suya es la responsabilidad más directa sobre las emisiones de los sectores difusos.
