En plena Cañada Real Galiana yace la incineradora que está envenenando Madrid desde hace 25 años. Se encuentra en la planta de las Lomas y quema diariamente una media de 4.000 toneladas de residuos urbanos procedentes de toda la ciudad. Esta planta es propiedad del Ayuntamiento de Madrid y durante años se ha caracterizado por la opacidad sobre de los datos de impacto medioambiental que tiene esta instalación de tratamientos de residuos.
se ha caracterizado por la opacidad sobre de los datos de impacto medioambiental
El principal problema de la incineradora de Valdemingómez son las emisiones. El control de estos gases se efectúa a través de medidas mensuales realizadas por el consistorio. Sin embargo, según Greenpace, las investigaciones han mostrado que los métodos que utilizan medidas puntuales no son capaces de precisar las emisiones de dioxinas a la atmósfera en todo su espectro de condiciones de funcionamiento, además de que la cantidad de dioxinas varía según la naturaleza de los residuos que se estén quemando. Para obtener una información más precisa es necesario establecer un seguimiento continuo, en periodos de tiempo lo suficientemente grandes.
Estas emisiones afectan a los trabajadores y a los ciudadanos que residen cerca de la planta. Según el consistorio capitolino, la salud de los trabajadores y los ciudadanos no está amenazada, sin embargo, los grupos ecologistas alertan de que estas afirmaciones son totalmente infundadas.
LOS ECOLOGISTAS Y CCOO HAN DENUNCIADO A LA FISCALÍA LAS ANOMALÍAS
Desde antes incluso del comienzo de las obras de la incineradora, en 1990, Greenpeace junto con otras plataformas sociales y ecologistas han luchado para conseguir su cierre. Esta lucha ha llevado a vecinos y ecologistas a crear la ‘Alianza Incineradora Valdemingómez No!’ que lleva meses recopilando pruebas para denunciar la situación de la planta de tratamiento de residuos ante la Fiscalía.
Las anomalías en infracciones señaladas pueden incurrir en un ilícito penal al incluir hechos como mal estado y anomalías frecuentes de algunas instalaciones, exceso de combustibles en las fosas de almacenamiento, mediciones inexactas en hornos y emisiones, saturación de almacenamiento de cenizas toxicas o funcionamiento incorrecto en calderas de combustión, sistemas de depuración de gases y control de emisiones con el resultado de emisión e inmisión de partículas procedentes de la incineración como dioxinas, furanos y metales pesados que tienen una probada relación científica con la prevalencia de graves enfermedades como distintos tipos de cánceres, reacciones autoinmunes, esterilidad… Estas irregularidades que denuncia la plataforma podrían ser una amenaza al medio ambiente y a la salud de las personas.
En una visita realizada por Comisiones Obreras de Madrid con representantes técnicos de Salud Laboral y responsables de Medio Ambiente destacaron diversas incidencias relativas a falta de utilización de epis, un gasómetro próximo frente a la planta sin aparentemente coordinación de emergencia con el centro, falta de medidas ante el coronavirus para trabajadores de la planta. Además, el Sindicato ha denunciado que la sala de control carece de ventilación natural. CCOO señala que el proceso productivo se ha modificado por normas sanitarias en pandemia eliminando el triaje manual de residuos.
Además, la incineradora incluye entre sus instalaciones un generador de energía eléctrica. Según la denuncia, presenta instalaciones en zonas probablemente inundables, “y por tanto con un riesgo, pero es especialmente sensible que afectando especialmente a una zona deprimida como la Cañada Real que durante el invierno y la pandemia sufrió corte de energía eléctrica, no pudiera alimentarla, cuando son los principales afectados por los vertidos ilegales, el trafico constante de camiones de residuos que generan ruidos, polvo en el ambiente, gases contaminantes, elevación de temperatura ambiental, etc”.
Desde la Alianza que pide el cierre de la incineradora esperan que en un punto clave de la renovación de los contratos de la incineradora a las empresas concesionarias, la investigación de la Fiscalía y la intervención de la Consejería de Medio Ambiente permitan evaluar su explotación correcta tendente al cierre y a una gestión de residuos, limpia, sostenible y responsable, “que evite que los residuos de todas las zonas se gestionen en exclusiva en las zonas más deprimidas”.
