El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha decidido prorrogar tres meses, hasta el 29 de octubre, la investigación sobre la pieza separada 9 de la macrocausa ‘Púnica’, donde se investiga si el PP de Madrid se nutrió de donaciones de empresarios a cambio de contratos públicos, siendo la ex presidenta regional Esperanza Aguirre la principal imputada.
De esta forma, el magistrado ha accedido a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que planteó una prórroga de tres meses para dar tiempo a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a que se pronuncie sobre las nuevas diligencias solicitadas por el Ministerio Público y rechazadas por el juez, puesto que si la investigación hubiera concluido en el plazo previsto, el 29 de julio, y la Sala falla a favor de los fiscales, ya no habría sido posible practicarlas.
“En este caso, como se desprende del informe del Ministerio Fiscal, restan por practicar una serie de diligencias de investigación, de cuyo resultado podría derivarse la necesidad de nuevas diligencias“, ha indicado el instructor.
Entre las cuestiones pendientes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha mencionado la incorporación de “toda la documentación anexa del testimonio de la ‘Operación Lezo'”, así como dar traslado de la misma a las partes.
LA AGENDA DE GRANADOS
La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de ‘Púnica’ por cuanto García-Castellón intenta determinar si existió una ‘caja b’ en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general, Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla’ de la ‘Púnica’, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.
En el primer golpe de la ‘Operación Púnica’, ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.
De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones ‘a dedo’ y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.
El entonces juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.
LAS REVELACIONES DE ‘EL RATA’
La última pieza, la 13, se abrió el pasado mes de mayo, dando lugar a un conflicto entre fiscales y juez que, precisamente, es una de las cuestiones pendientes en la Sala de lo Penal a las que alude García-Castellón.
El magistrado cree necesario investigar aparte las revelaciones hechas desde la cárcel por el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, alias ‘El Rata’, sobre “una presunta desviación monetaria a través de la sociedad Mercado de Puerta Toledo“, dependiente de la empresa pública IMADE.
Ortega señaló hasta 13 facturas emitidas por SWAT entre 2006 y 2009 contra el Mercado Puerta de Toledo “por trabajos aparentemente ficticios“, registrados como relaciones públicas, mantenimiento o pintura, que sumarían un total de 832.560 euros. Y habló también de facturas infladas emitidas por el mercado hacia IMADE.
Si bien el instructor vio un “salto considerable” en los hechos destapados por Ortega, Anticorrupción defiende que forman parte de la línea de investigación de la pieza 9, por lo que ha impugnado la apertura de la 13.
