El intrusismo laboral queda avalado hasta en las instituciones. El pasado tres de marzo, el Ayuntamiento de Madrid convocó 25 plazas de promoción interna de la categoría de educador social sin requerir que los solicitantes fueran titulados en esta materia. Es decir, cualquier funcionario puede optar a trabajar como Educador Social en el consistorio madrileño aunque no tenga la formación necesaria para desempeñar dicha profesión.
Esta situación de claro intrusismo laboral ha sido denunciada por el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid (CPEESM). “Estamos indignados, se trata de una vulneración de los derechos de nuestra profesión ya de por si vapuleada“, nos alegan fuentes del CPEESM.
Increíble pero cierto, da igual que no hayas cursado la titulación universitaria de Educación Social, a estas plazas puede acceder cualquier funcionario indistintamente de su formación. Así lo estipulan las bases en las que se indica que los requisitos para acceder a las plazas son “ser funcionario de carrera en cualquier categoría del Grupo C, Subgrupo C1 de la Escala de Administración Especial o General del Ayuntamiento de Madrid o de sus Organismos Autónomos; o Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de Madrid o de sus Organismos Autónomos”.
Además, no sólo no se solicita de manera específica el Título de Diplomatura o Grado en Educación Social, ni habilitación como Educadora o Educador Social, si no que se considera cualquier título de Diplomatura, Ingenieria Técnica, Arquitectura Técnica o Grado. Es decir, cualquiera que trabaje en el ayuntamiento puede ser educador social.
La Administración que no protege los derechos de la profesión
Sorprende y mucho que desde las administraciones locales avalen este tipo de prácticas en las que se vulneran los derechos de los trabajadores cualificados a ejercer la profesión para la cual han estudiado.
Esta convocatoria para ocupar una profesión sin solicitar la formación pertinente, es un claro ejemplo de intrusismo laboral. A modo de metáfora, es como si un médico se pusiera a conducir un avión sin tener en cuenta a los pilotos.
Desde el colegio también destacan que es “una violación de los derechos de la ciudadanía” puesto que los madrileños serán atendidos por profesionales no cualificados ni titulados en la materia. ¿Porqué los ciudadanos tienen que ser atendidos por trabajadores sociales no titulados cuando cada año salen de las universidades miles de Educadores Sociales? Encuentre usted mismo la lógica.
Falsas esperanzas para los Educadores Sociales
Ante el anuncio de la convocatoria de plazas de educación social, el CPEESM celebró la iniciativa, ya que por fin se iba a contar con educadoras y educadores sociales funcionarios, contratados por la propia administración para desarrollar sus funciones y competencias.
Sin embargo, este bonita noticia para la profesión quedó empañada cuando leyendo las bases se dieron cuenta que no hace falta estar titulado en Educación Social para acceder a los puestos.
Desde las instituciones madrileñas se dieron falsas esperanzas a los Educadores Sociales. “Este perfil nos permitirá trabajar más y mejor con las familias que acuden a servicios sociales”, fueron las palabras de Pepe Aniorte (Cs), delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. Lo que no especificó es que cualquiera encaja en este perfil.
No es la primera vez que borran a los profesionales de la Educación Social
Pero esta convocatoria publicada en el BOE el pasado 3 de marzo no es la única que amenaza la profesión del Educador Social. El Ayuntamiento de Madrid ofertó 17 plazas de Educador Social para la Residencia Internado San Idelfonso sin pedir que fueran titulados universitarios en Educación Social.
El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales (CPEESM) interpuso un recurso de reposición contra la resolución de las bases específicas del proceso selectivo de promoción interna independiente. Este recurso fue inadmitido y denegado por el propio consistorio municipal.
Finalmente, las 17 plazas fueron ocupadas, en parte, por funcionarios sin formación universitaria en Educación Social. No obstante, fueron habilitados a pesar de que en las bases no se exigía.
Si ni las propias administraciones protegen a los profesionales que han cursado una titulación universitaria con esfuerzo para ejercer una profesión en las instituciones públicas… ¿Quién lo va a hacer?
