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lunes, 4 julio 2022 23:55

Pinto concede 100.000 euros a la asociación de personas con discapacidad

El Pleno de Pinto ha aprobado este jueves la concesión de una ayuda económica de 100.000 euros a la Asociación de Personas con Discapacidad de Pinto (AMP) tras las críticas por la situación de deterioro y daños estructurales en su sede social del centro municipal ‘Oliva Rodríguez’, según denunció el PP.

Fuentes municipales han precisado que “la asignación surge dentro del ámbito de colaboración que se mantiene con la AMP”.

Se trata de una partida que no existía y cuya consignación presupuestaria viene del dinero no gastado de las fiestas de Pinto, anuladas ante la evolución de la pandemia. Así, “esta partida se ha creado con el objetivo de reforzar el servicio que prestan a la sociedad pinteña”, según las mismas fuentes.

La dotación se sumará a los 41.000 euros que la entidad había recibido hace unos meses para paliar las consecuencias del COVID-19. Durante la sesión, el alcalde, Diego Ortiz, ha agradecido la “gran labor social” que, desde hace años, hace la asociación en Pinto.

Por otro lado, en las últimas semanas el PP denunció la “existencia de grietas, humedades y daños diversos de carácter estructural” en la sede de la asociación, tras mantener una reunión con el colectivo.

Sobre este aspecto, el Gobierno local ha informado de que “está manteniendo varias reuniones con la asociación con el objetivo de buscar alternativas conjuntas para solucionar los desperfectos con los que cuenta el edificio desde hace varios años”.

EDIFICIO EN ALQUILER

Por otra parte, el Gobierno local de Pinto ha justificado el alquiler del edificio de la calle Italia, propiedad de la empresa pública de Servicios (Aserpinto), para habilitar nuevos espacios y garantizar “una mayor distancia entre puestos de trabajo y el bienestar de los trabajadores municipales”, debido a la situación de pandemia actual.

El grupo de concejales de Ciudadanos había denunciado que se estaba abonando el alquiler de este inmueble sin que se hubiesen instalado servicios en su interior, extremo que ha negado el Ejecutivo, al asegurar que “allí ya se ubica Salud Pública y Consumo”.

El Partido Socialista ha asegurado que el dinero que se destina al pago del alquiler del edificio “sale del fondo contingencia aprobado en 2014 y que se puso en marcha en 2015, por el que se dota a los ayuntamientos de la capacidad de disponer, desde un mínimo del 0,5%, de sus gastos no financieros y destinarlos a casos de urgencia o imprevistos en cada ejercicio presupuestario”. Por eso ha esgrimido que “el contrato no acaba el 31 de diciembre”.