Una agencia de viajes ha tenido que devolver 7.600 euros a un usuario madrileño que decidió anular un viaje a Costa Rica junto a siete acompañantes debido a la pandemia del covid.
El usuario prefirió cancelar el viaje, previsto para abril de 2020, por la situación de riesgo sanitario. La empresa se negaba a reembolsarle el dinero y sólo le ofrecía un bono de menor cuantía.
Juan Cabezos Soto y su mujer Ana María Tirado reservaron en enero de 2020 un viaje combinado para pasar unos días de vacaciones en Costa Rica junto a seis amigos. El viaje, que iban a realizarlo en abril y tenía una duración de doce días, incluía el hotel, traslado, vuelos y seguro por cancelación. En total, el precio ascendía a 15.200 euros.
El usuario, que fue quien contrató el viaje para él y sus siete acompañantes, realizó el primer pago de 7.600 euros, correspondiente a la mitad del viaje, en el momento de la contratación. En marzo, unos días antes de que entrara en vigor el estado de alarma decretado el día 15, la agencia le solicitó el abono de la cantidad restante.
El viajero siguiendo la recomendaciones y medidas aprobadas por las autoridades sanitarias, se puso en contacto con la empresa solicitando la anulación del viaje y el reembolso de la cantidad abonada, ya que no consideraba seguro realizarlo a tenor de las circunstancias.
La agencia, en su respuesta, se negó a devolver el dinero y se limitó a enviarle un bono, sin preguntarle previamente si lo quería, por una cuantía menor a la pagada.
Ante esta situación, el matrimonio decidió unirse a la plataforma de afectados por el COVID-19 creada por la organización de consumidores Facua para que los ayudase a gestionar la correspondiente reclamación contra la agencia. El equipo jurídico de la asociación se dirigió a Grand Voyage solicitándole la resolución del contrato y, con ello, la devolución del importe abonado.
En su escrito, la asociación recordaba que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establecía la limitación de movilidad en el territorio español, sin incluir entre sus excepciones la realización de viajes.
El matrimonio y sus acompañantes, por tanto, iban a tener imposibilitado poder realizarlo, al estar previsto para unas fechas en las que el estado de alarma estaba en vigor y existía dicha limitación de movilidad.
Finalmente la empresa ha reintegrado a Juan los 7.600 euros, correspondientes 3.269,45 euros a la reserva del hotel y traslados y 4.330,55 euros a los billetes de avión.
