La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el caso Púnica, que acuerde el archivo de su causa con respecto a su actuación en la presunta adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, por “la ausencia del menor reproche en su conducta.
Así lo defiende el abogado de Cifuentes en un escrito, remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, en el que afirma que de toda la prueba practicada se desprende que no hay indicios de delito relacionada con la pieza 9 de la macrocausa, en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid.
El juez Manuel García Castellón imputó en septiembre de 2019 a Cristina Cifuentes por avalar, como miembro del comité de expertos, el contrato de Servicio de Cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011. Según explicó el juez en su auto, el comité “valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor” de la empresa de Arturo Fernández.
La resolución también apuntaba que había indicios de la participación de la expresidenta regional “en el desvío de fondos públicos para pago de gastos particulares del Partido Popular de Madrid y gastos electorales que se ocultaron a la Cámara de Cuentas y Tribunal de Cuentas, en su caso, en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 y generales de 2008”.
La defensa señala en su escrito que de “la abundante prueba practicada” en la investigación “se deduce, sin ningún género de dudas, la ausencia absoluta del menor reproche en su conducta, no sólo de carácter penal, sino administrativo o social”.
“Por tanto, consideramos que es procedente y justo no prolongar innecesariamente su situación de investigada en la causa y proceder al sobreseimiento parcial y libre respecto de la misma o subsidiariamente provisional”, prosigue el escrito.
Además, señala que el pasado 24 de agosto, el juez de la Audiencia Nacional acordó la prórroga de la instrucción por un año más, algo que considera que puede causar un “grave perjuicio”, debido a que ya “se han practicado todas las diligencias probatorias para investigar su posible participación en los hechos que pudiera considerarse punibles, habiendo sido el resultado de dicha investigación absolutamente exculpatorio para la misma”.
SE LIMITÓ A ASISTIR A LA REUNIÓN
Así, el abogado desvincula en su escrito a Cifuentes de cualquier toma de decisión y subraya que tan sólo “se limitó a asistir, en el cumplimiento de sus funciones, a la reunión de la mesa de la Asamblea el 30 de marzo de 2009 y a secundar, junto con sus miembros, la proposición de Francisco Cabaco López perteneciente a otro grupo parlamentario rival y a seguir los criterios del secretario general de la Asamblea de Madrid, letrado en Cortes y máximo responsable jurídico de dicho órgano”.
Cabaco López, del PSOE y entonces vicepresidente de la Asamblea de Madrid, propuso esta adjudicación basándose en el criterio ponderativo de la “calidad de la comida” tras la “multitud de quejas de los usuarios de la cafetería por el mal servicio y mala comida”, señala la defensa, que añade que este punto fue ratificado por testigos que han comparecido en la causa.
Señala además que el criterio de la “calidad de la comida” no sirve para concluir que se favoreció al Grupo Cantoblanco porque “en el momento de adoptarse tal decisión, se ignoraba quienes concretamente iban a licitar, pues ese proceso es posterior a la elaboración de los pliegos de condiciones”.
Por otro lado, la defensa de Cifuentes también carga contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil porque en su informe de 10 de marzo de 2017 “incorrectamente” abordó “un tema jurídico complejo” sin tener los “conocimientos adecuados en materia tan especial como la contratación pública”.
NO SE APRECIÓ NINGUNA IRREGULARIDAD EN EL EXPEDIENTE
En este sentido, ha aclarado que tanto el entonces secretario general de la Asamblea de Madrid como la actual han confirmado que “no existe incompatibilidad entre los miembros de la mesa de contratación y los del comité de expertos”. “Es lógico que mi representada y el resto de personas intervinientes en lo referidos expedientes de contratación, se dejasen guiar por los criterios del secretario general de la mesa de la asamblea (…) y fue él el que marcó la ruta de cómo debía tramitarse el expediente y no apreció ninguna irregularidad”, enfatiza la defensa.
Recuerda, además, que todos los testigos respondieron de forma negativa a la pregunta si “habían apreciado algún interés por parte de Cristina Cifuentes en que resultase adjudicados los contratos al Grupo Cantoblanco”.
Asimismo, asegura que con la prueba ha quedado “desvanecida” cualquier “sospecha o indicio” de que la expresidenta madrileña tratara de beneficiar al investigado Arturo Fernández por ser donante de Fundescam de la que ella era patrona.
De hecho, el abogado de Cifuentes hace hincapié en que “evidentemente” su cliente “no era conocedora de la condición de donante del señor Fernández Álvarez cuando intervino en los expedientes de contratación objeto de la investigación y por tanto no pudo ser esta circunstancia el motivo de que realizase ninguna actuación favorecedora hacia el mismo”.
NIEGA HABER PARTICIPADO EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
Por último, sobre la presunta la financiación de las campañas electorales, la defensa niega su participación en la organización de los actos porque en las de 2007 era responsable de Movilización Territorial “pero por encima de ella” se encontraban el también expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González o Beltrán Gutiérrez.
Concluye que “presumir” que, por tener dicho cargo, tenía que conocer cómo se financiaba el PP madrileño es “absolutamente desproporcionado y especulativo”, ya que “nadie que ostenta un cargo en un organigrama tiene posibilidad o razón legítima para solicitar información o pedir explicaciones sobre el trabajo que se realiza por sus superiores jerárquicos”.
En cuanto a las elecciones de 2008, según consta en el organigrama aportado como documental en la causa, dice el abogado, fue responsable de campaña de Dirigentes y Movilización, pero también indica que había personas por encima de ella, como el exsecretario general del PP de Madrid y principal imputado en el caso ‘Púnica’, Francisco Granados, el exvicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada o David Pérez, actual consejero madrileño de Vivienda.
Sobre la campaña de las elecciones autonómicas de 2011, “no tuvo ninguna participación”, afirma el escrito, porque desde septiembre 2008, Cifuentes ocupaba el cargo de presidenta de Derechos y Garantías.
El escrito subraya que la UCO “jamás ha imputado” a Cifuentes “participación o implicación alguna en la presunta financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid” y recalca que de la “profusa instrucción de la causa”, tampoco se ha podido indicar “operación concreta alguna sobre la gestión económica o sobre la financiación del PPCM durante el periodo investigado”, en el que la expresidenta madrileña “haya tenido una mínima intervención”.
