Familias, trabajadores y centros del sector educativo privado en la Comunidad de Madrid han difundido una declaración conjunta para mostrar su rechazo a la posible implantación en España del IVA en los servicios que presta, al entender que supondría “un encarecimiento insoportable” para las familias, que “en la práctica podría llegar a suponer la desaparición del sector.
La declaración recuerda que la educación tiene consideración en España, y en toda la Unión Europea, de servicio público esencial, y este es el motivo por el cual está exenta del pago del IVA. “Esto es así en todos los demás países de la UE, y tanto para los centros públicos como para los gestionados por empresas privadas”, señala el texto.
El manifiesto alerta de que “la aplicación del IVA al sector de la educación privada en plena crisis económica derivada de la pandemia, supondría para las familias un encarecimiento insoportable de este servicio, lo que en la práctica podría llegar a suponer la desaparición del sector”.
Asimismo, los firmantes del documento sostienen que “una medida de este tipo tendría como consecuencia inmediata el incremento del gasto público en una cuantía muy superior a la que se recaudaría a través de este impuesto, como ponen de manifiesto los informes de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF)”.
En un momento de enorme transformación del tejido empresarial español, la inversión en formación resulta decisiva, y se vería afectada muy negativamente por esta inoportuna propuesta”, apuntan.
Además, han advertido de que esta medida supondría la “pérdida de innumerables puestos de trabajo”, pues “implicaría el cierre de la gran mayoría de los centros privados”, lo que “no solo se traduciría en una menor recaudación por IRPF de estos trabajadores, sino también en mayores costes en prestaciones por desempleo”.
La declaración señala que esta situación no afectaría únicamente a enseñanzas regladas no universitarias, sino también a las universidades privadas y al sector de enseñanzas no regladas, “por lo que pondría en riesgo de desaparición a gran parte del sector de la educación y la formación privada en nuestro país, compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas”.
Por todo ello, los firmantes han manifestado su voluntad de oponerse “firmemente” a esta medida “por todos los medios legales” a su alcance, para lo cual informarán de su posición a las fuerzas políticas, económicas y sociales.
Entre las organizaciones que suscriben la declaración se encuentra Escuelas Católicas de Madrid (ECM), la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), la Federación de Ampas de Colegios Católicos de la Comunidad de Madrid (Educación y Familias), la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Educativos de Madrid (COFAPA Madrid), el Sindicato Independiente de Enseñanza (FSIE-Madrid) y la Federación de Enseñanza Sindicato USO Madrid (FEUSO-Madrid).
A estas se suman la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Madrid (ACEDIM), la Asociación de Centros de Educación Infantil de Madrid (ACEIM), la Unión de Cooperativas del Trabajo Asociado de Madrid (UCETAM), la Federación Autonómica de Centros de Enseñanza Privada de Madrid (FACEPM), la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ACNEE), la Asociación Madrileña de Empresas y Centros de Formación en Madrid (AMACFOR), la Plataforma Inclusiva Sí, Especial También, y la Asociación Madrileña de Empresas Privadas de Enseñanza (CECE-Madrid).
