El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Boadilla solicitará al Pleno Municipal del próximo 21 de febrero, la reprobación del PSOE por su responsabilidad política en los hechos que han sido objeto de condena penal por la Audiencia Provincial de Sevilla en el denominado “caso de los ERE”.
Igualmente, solicitará que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla acuerde instar al Grupo Municipal Socialista a que, en nombre del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pida perdón por la conducta del citado Partido, amparando a los ex altos cargos socialistas condenados penalmente.
Y por último, que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla acuerde instar al Grupo Municipal Socialista a que, en nombre del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se comprometa a la devolución a los españoles del importe de 680 millones de euros malversados por los ex altos cargos socialistas condenados.
Vox solicita que el PSOE se comprometa a la devolución de 680 millones de euros malversados por los ex altos cargos socialistas condenados
Según este partido político, entre los años 2000 y 2011, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, puso y mantuvo en funcionamiento un sistema fraudulento de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros.
Un sistema por el que las subvenciones sociolaborales para empresas en crisis salieron de su cauce legal hacia otro que eludía los controles fiscales correspondientes y por el que se lucraron múltiples empresas, en ocasiones vinculadas a un mismo propietario y que en algunos casos carecían de actividad ni empleados. Una realidad opuesta a las casi 200 compañías que, por ausencia de convocatoria y publicidad del proceso de concesión de las ayudas, se vieron privadas del derecho a acceder a las ayudas que les hubieran permitido mantener su actividad empresarial, evitando cierres.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado por ello a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán a seis años de prisión y 15 de inhabilitación y a Manuel Chaves a nueve de inhabilitación, así como ha establecido condenas a los máximos responsables de este entramado que afectan a diecinueve ex altos cargos socialistas por un total de más de 67 años de prisión y 250 años de inhabilitación para cargo o empleo público.
El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, advirtió hasta en quince informes de las irregularidades, pero la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, no tomó medidas para el control sobre los procedimientos de concesión de subvenciones, ya que esta actividad era competencia de la Consejería de Empleo.
