Así lucha el Ayuntamiento de Alcobendas contra la ocupación ilegal

El Ayuntamiento de Alcobendas es una ciudad pionera al ser una de las primeras de España en aprobar un protocolo de actuación ante la ocupación ilegal de inmuebles. Para ello, actúan en colaboración tanto el ayuntamiento, como la Policía Nacional, la Policía Local, la Fiscalía y los jueces.

Por consiguiente, estos se encargaran de prevenir y actuar en los delitos que tengan referencia con el allanamiento de morada y la usurpación de bienes inmuebles.

El nuevo protocolo firmado e impulsado por el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Arranz (Cs), supone, “una defensa a ultranza del derecho a la propiedad privada emanado del artículo 33 de nuestra Constitución Española y del Código Civil”.

Por otro lado, el vicealcalde ha querido añadir, “la ocupación de viviendas o locales es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos y la articulación de medidas cautelares efectivas para devolver la posesión al legítimo propietario lo antes posible”.

No obstante, el protocolo ha sido aprobado esta semana por la Junta de Gobierno Local, formada por PSOE y Ciudadanos, y de esta manera entra en vigor desde ya. La redacción definitiva nace de las aportaciones consensuadas de todos los grupos políticos, del área jurídica del Ayuntamiento, de Servicios Sociales y de los cuerpos de seguridad que prestan servicio en la ciudad.

Servicio de atención para los afectados

Este nuevo acuerdo define la ocupación de inmuebles como un acto ilegal que convierte a los legítimos propietarios y sus familiares en víctimas. Desde el consistorio, aseguran que puede causar problemas adicionales como el deterioro de la convivencia del vecindario, quejas relativas a suciedad o ruidos y la percepción de inseguridad en la zona.

Los afectados recibirán atención personalizada, confidencial y gratuita con el objetivo de recuperar lo antes posible la posesión de su vivienda o local.

Miguel Ángel Arranz (Cs), vicealcalde y concejal de Urbanismo

Desde el Alcobendas, afirman que los legítimos propietarios que se vean afectados podrán acudir al Centro Cívico Distrito Centro y recibirán de la Policía Local y de Servicios Sociales asesoramiento legal para el procedimiento judicial, apoyo psicológico, orientación sobre medidas de prevención y un servicio rápido de mediación para poner fin a la ocupación delictiva.