La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por incurrir en cohecho pasivo por la pieza número tres del caso Lezo, donde el juez investigaba la contratación para las obras del tren de Navalcarnero.
Anticorrupción también ha solicitado seis y medio de cárcel, y otros dos millones de euros de multa, para el empresario Javier López Madrid por los delitos de cohecho activo y falsedad en documento mercantil en el marco de la misma investigación.
A través del escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía también solicita la apertura de juicio oral y penas de cárcel para otras cuatro personas, entre las que se encuentra el empresario Adrián de la Joya, vinculado al excomisario Villarejo.
Para que se celebre la vista, Anticorrupción cree que se debe llamar a testificar a otras 36 personas, como los empresarios David Marjaliza y Juan Miguel Villar Mir, o el exministro del PP Eduardo Zaplana.
Comisiones millonarias para González y López Madrid
El informe explica que la adjudicación para la construcción del tren de Navalcarnero estaba amañada para que recayese en una UTE de la empresa OHL. El plan consistía en que, tras asegurarse la adjudicación pública, después conseguirían una autorización para modificar el contrato para así compensar la merma de ingresos.
El documento aclara que “para lograr su propósito ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González, a fin de que este último ejerciera su influencia sobre Jesús Trabada, entonces Consejero Delegado de Mintra y, como tal, órgano de contratación de la entidad”.
Así, prosigue la Fiscalía, el plan de los acusados permitió a OHL “destinar importantes fondos para retribuir a cargos públicos con el fin de beneficiarse indebidamente con la adjudicación y posterior ejecución del contrato de concesión” de la línea ferroviaria.
Según la Justicia, los hechos ocurrieron en 2007, cuando la Comunidad de Madrid le adjudicó a OHL las obras. En ese momento, dice Anticorrupción, López Madrid aprovechó su amistad con el entonces vicepresidente de la región, Ignacio González, para acordar que éste utilizaría su cargo público para garantizar dicha adjudicación.
