Un total de 170 familias afectadas por la venta de casi 3.000 viviendas del IVIMA al fondo Goldman Sachs-Azora en 2013 han presentado un requerimiento formal ante la Comunidad de Madrid para que asuma la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ratifica el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaró nula la operación y han alertado de que si sigue aplicando esta resolución solo al que interpuso la demanda podría incurrir en “desacato”.
Así lo ha explicado el abogado de parte de este colectivo Javier Rubio, quien ha insistido en que la sentencia es “firme” y que tras cinco meses “no se ha movido nada” para darle cumplimiento.
En este punto ha recordado que el fondo Encasa Cibeles, a quien le transmitió Azora la propiedad, ha reclamado a la Comunidad que se produzca esa devolución de las viviendas al patrimonio de la AVS y ha interpuesto una demanda civil contra el Ejecutivo regional en este sentido.
“En ese contexto planteamos un requerimiento para que recupere las viviendas, informe a los inquilinos y abra un procedimiento de recuperación ordenada de las viviendas y los inquilinos”, ha incidido Rubio, quien entiende que hasta la fecha la Comunidad ha interpretado la sentencia de una manera que “deja fuera a los afectados” y con carácter “fraudulenta”.
Es por ello que, de momento, piden “de buena fe y manera ordenada” que se cumpla la sentencia y que se haga de forma “urgente” para evitar más daños, especialmente a aquellos que tienen abierto un procedimiento de desahucio de estas viviendas. “Si no fuera así en breve plazo valoraríamos otras acciones legales porque se puede incurrir en desacato”, ha deslizado.
LA COMUNIDAD ASEGURA QUE ESTÁ EJECUTANDO LA SENTENCIA
Por su parte, desde la Comunidad de Madrid aseguraron el pasado 8 de septiembre que estaban cumpliendo el fallo y que se estaba ejecutando “exclusivamente” la sentencia de este proceso, iniciado por un propietario, cuya vivienda “vuelve a manos de la AVS y él se convierte nuevamente en inquilino del ente”.
“Ahora tendrá que negociar las condiciones del alquiler”, señalaron fuentes del Ejecutivo regional, que recordaron que en el auto del TS “no figura que la Comunidad tenga que recuperar las 3.000 viviendas” y añadieron que “ya se han vendido 1.213 viviendas de las 2.935 totales que hubo en la operación”.
En este punto insistieron en que el Juzgado 29 de lo Contencioso Administrativo de Madrid ha señalado que “esta sentencia solo afectaría a el o los recurrentes y no al conjunto de las 3.000 viviendas”.
LA RESOLUCIÓN DEL TS
El TS, en la sentencia que corroboraba la decisión del TSJM, argumentaba que “si bien existe una motivación razonable sobre la decisión política” de enajenar determinado lote de promociones, sin embargo “no se ha justificado debidamente” (de forma específica) que esas viviendas concretas vendidas “no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA”.
Además, exponía que los argumentos aportados por ambos recursos “evidencian la carencia de interés casacional”. Así, por ejemplo, se reclamó por parte de la Comunidad en su incidente de nulidad contra la ratificación del TS que la sentencia anulatoria se circunscriba al caso de un único afectado (el demandante en primera instancia), aspecto que rechaza el TS por no tener relación con el fallo del TSJM.
Las casi 3.000 viviendas pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20 por ciento más que el precio fijado de salida (168,9 millones).
Son en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las localidades de Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).
