El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha desmentido las informaciones vertidas por el PSOE respecto a una posible privatización de la inspección fiscal municipal. En este sentido en una nota, el consistorio aclara lo siguiente:
– La Inspección de Hacienda es un trabajo que obligatoriamente tienen que realizar los funcionarios. Lo que el Ayuntamiento está estudiando es la posibilidad de sacar un pliego para la adjudicación de un servicio de “Asistencia técnica a la actividad inspectora de tributos” lo que significa que una empresa especializada ayudaría a los funcionarios a realizar determinadas tareas (cálculos de tributos especialmente complejos, por ejemplo) pero en ningún caso la inspección como tal ni ninguna actuación que implicara ejercicio de autoridad.
– El Presupuesto para 2017 tiene consignada una partida que contempla el importe al que podría ascender el coste de este servicio si finalmente se saca a licitación. Hay que señalar que todo lo que aparece en el Presupuesto tiene necesariamente con el visto bueno de la Intervención Municipal.
– En España hay diversas administraciones que cuentan con un servicio de asistencia técnica para la inspección de tributos. Algunos ejemplos: los ayuntamientos de Segovia, Toledo, Jerez, Badajoz o Palencia. En la Comunidad de Madrid, Pinto o Getafe. Pozuelo lo tuvo hasta que dispuso de medios propios.
– Lo que se ha recurrido en los ayuntamientos del País Vasco no es lo mismo que se puede plantear en Boadilla del Monte ya que los pliegos que allí regían algunos contratos sí incluirían disposiciones que facultan a la empresa adjudicataria a realizar labores de inspección, incluso de gestión, y eso sí es contrario a la ley porque esas tareas deben ser realizadas por funcionarios públicos.
– Todos los pliegos que se elaboran en el Ayuntamiento de Boadilla para la adjudicación de cualquier servicio están debidamente avalados por informes técnicos y jurídicos de legalidad.
Según el PSOE:
El Partido Socialista ha tenido conocimiento de la intención del Gobierno de González Terol de privatizar el próximo año el Servicio de Inspección Fiscal del Ayuntamiento de Boadilla.
Si esto se lleva a cabo podría ser una cesión indebida de datos protegidos de los ciudadanos de Boadilla a una empresa privada, hecho absolutamente gravísimo. Además del reconocimiento por parte del Gobierno de González Terol de su incapacidad, dado que no es capaz de gestionar eficazmente la inspección fiscal pese a tener una plantilla altamente cualificada para llevarla a cabo si se dirige bien y se motiva.
Por otra parte, demuestra un grave desconocimiento de la legalidad al ignorar la Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de junio del año 2000, donde se resolvió en contra de estas privatizaciones, al impedir que empresas privadas puedan ejercer funciones que impliquen ejercicio de autoridad.
Siendo esto gravísimo, menos se entiende como un Diputado Nacional que apoya el Gobierno de Mariano Rajoy quiera ir en contra de una decisión de este, que ha recurrido a través de la Abogacía del Estado por orden del Ministro Montoro, a los municipios de Bildu que han privatizado la Inspección Fiscal, por las mismas razones que exponía en su sentencia el Tribunal Supremo y lo ha ganado en el Tribunal Superior de Justicia Vasco. Quedando anulados todos los contratos adjudicados.
“González Terol en su afán de privatizar la gestión del Ayuntamiento no conoce límites, es capaz de anunciar proyectos que no puede desarrollar según la Ley y los Tribunales de Justicia y que van contra el criterio del Gobierno de Mariano Rajoy que apoya siendo Diputado. Pedimos que este proyecto se abandone inmediatamente y se anuncie públicamente, y que no tengamos que recurrir para anularlo en los tribunales, como se ha tenido que hacer en los ayuntamientos gobernados por Bildu”, ha declarado Delia López Portavoz del Grupo Socialista.
