Las acusaciones del caso de malos tratos en la guardería de Pozuelo de Alarcón elevan a más de 1.800 agresiones y tratos vejatorios a menores de tres años. La causa sigue en instrucción (la fase en la que el juez investiga los hechos) y por ahora no consta ninguna detenida. El último escrito de las acusaciones particulares, presentado el 23 de octubre, sostiene que las secuencias documentadas superan esa cifra.
El volumen que manejan ahora las acusaciones multiplica por cinco los 352 hechos que la magistrada fijó como objeto de la investigación en su auto del 11 de junio de 2026 (resolución judicial que decide sobre el proceso sin ponerle fin). Antes, a fecha 6 de noviembre de 2025, las partes habían identificado 110 episodios violentos que no figuraban en los atestados policiales (el documento que recoge las primeras diligencias de un suceso).
Qué recoge el escrito que dispara las agresiones por encima de las 1.800
En el escrito se describen pinchazos en la cara, zarandeos mientras los niños duermen, cachetes y encierros en cuartos a oscuras, según la documentación aportada por las acusaciones particulares (la representación de las familias personada en el procedimiento). También se recogen episodios de trato humillante, como tirar los chupetes al suelo para que los menores los recojan o limpiar la cara de todos con la misma servilleta.
Las acusaciones atribuyen la mayoría de las secuencias a dos empleadas del centro, una veterana y otra más reciente. En la causa figuran siete personas investigadas (aquellas sobre las que recaen indicios; la figura se denominaba antes imputado). Ninguna ha sido condenada ni se ha sentado todavía en el banquillo.
La juez acotó en 352 los hechos investigados, pero un nuevo escrito elevó la cifra por encima de los 1.800 sin resolución posterior.
Cómo se documentaron las secuencias con las cámaras del centro
Los episodios se han identificado a través del visionado de las diez cámaras de videovigilancia de la propia guardería, conocida como Pecas. El material permite comprobar el día, la hora, el minuto y el segundo de cada hecho. El análisis cubre lo grabado entre las 08:00 y las 18:00 horas durante dos meses, y cada agresión va acompañada de capturas de pantalla.
Uno de los pasajes incorporados muestra a una educadora agarrando la mano de un menor para golpear con ella a otro, con al menos ocho impactos, la mayoría en la cabeza, según la descripción de las grabaciones. En otra secuencia, con los niños formando fila, la trabajadora propina un manotazo en la cabeza a uno de ellos.
La instructora ordenó a la Policía Judicial del municipio volcar la información de las cámaras para su estudio. Después dio acceso a las partes personadas, que al visionar las pruebas detectaron una pluralidad de hechos que no figuraban en los atestados y que, según la juez, desbordan en número e intensidad los ya identificados. Antes de que la magistrada resolviera, las familias presentaron un escrito con 499 acontecimientos de naturaleza agresiva. Esa cifra no se incorporó al auto de junio.
Por qué la Fiscalía pide acotar los hechos imputados
Una de las trabajadoras investigadas recurrió la ampliación hasta los 352 hechos. La Fiscalía de Madrid se adhirió a esa impugnación el 1 de octubre alegando que el auto señala la ampliación de forma genérica y que algunos de los episodios ya figuraban en el atestado.
El ministerio público sostiene que la ampliación de la imputación no debe ser genérica y que debe concretarse qué hechos nuevos se atribuyen, a quién y respecto a qué víctima. Añade que, si no se actúa así, existe riesgo de lesión del derecho a la defensa. La juez, en cambio, atribuye los nuevos hechos a cinco de las investigadas y se remite al escrito de la defensa, acompañado de una recopilación con fecha y fotograma de cada acto.
En qué fase está la causa
El procedimiento continúa en el juzgado que instruye el caso en Pozuelo de Alarcón a la espera de que se resuelvan las nuevas peticiones de ampliación. La guardería cerró en febrero de 2024 por irregularidades urbanísticas y fue precintada después.
El caso arrancó a finales de 2023, cuando una trabajadora en prácticas grabó de forma clandestina vídeos con las presuntas humillaciones. A la causa se han sumado las acusaciones particulares de varias familias. La instrucción sigue abierta.
