La Policía Nacional ha detenido a un empresario de Fuenlabrada como presunto autor de delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal, tras una investigación que comenzó cuando él mismo denunció el robo de 18.000 euros de su vivienda. El empleado al que acusaba del hurto fue arrestado antes, y las pesquisas revelaron unas condiciones laborales y de alojamiento que rozaban la explotación, según ha podido saber este periódico.
Cómo se inició la investigación
La intervención policial arrancó después de que el propietario de una finca rústica denunciara la desaparición de 15.000 euros en billetes y 3.000 en monedas que guardaba en bolsas de plástico dentro de un armario. Los agentes que acudieron al lugar observaron que la escena parecía haber sido manipulada para simular una entrada forzada: las marcas en la puerta resultaban artificiales y solo estaba desordenada la habitación donde se escondía el dinero.
Las sospechas se dirigieron pronto hacia el trabajador que vigilaba la finca y cuidaba de los animales. Según la reconstrucción policial, el hombre habría abandonado el lugar en bicicleta con las bolsas colgadas del manillar. En los días siguientes empezó a realizar gastos inusuales: se tatuó, compró ropa de marca y transfirió sumas importantes. También habría quemado los envoltorios junto a paja para eliminar pruebas, antes de esconder los restos detrás de una maceta.
La detención del empleado, sin embargo, fue solo el primer capítulo. Al ser interrogado, relató con detalle cómo era su día a día en la finca, y condujo a los investigadores hasta el lugar donde dormía: un establo compartido con conejos y gallinas.
Las condiciones inhumanas del trabajador
En ese corral, rodeado de excrementos, había colocado un colchón. La ducha estaba instalada a la intemperie, por lo que tenía que asearse al aire libre sin importar el frío o la lluvia. Además, los agentes comprobaron que carecía de contrato laboral pese a estar encargado de la vigilancia y del cuidado de los animales, con jornadas que podían alargarse hasta las quince horas diarias.
Estos hallazgos llevaron a la detención del empresario, que ahora está acusado formalmente de los presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal. Posteriormente, ambos fueron puestos a disposición judicial.
La pesquisa confirmó que el trabajador dormía entre jaulas de animales y se duchaba a la intemperie, sin contrato y con jornadas de hasta 15 horas.
Las penas a las que se enfrentan
Fuentes jurídicas consultadas explican que el empresario se enfrenta a una condena de entre dos años y tres meses y seis años de prisión por los presuntos ilícitos laborales y de inmigración. A ello se sumarían multas que podrían oscilar entre 360 y 144.000 euros, según su capacidad económica. Si el delito de favorecimiento de la inmigración ilegal se castigara solo con sanción económica, la horquilla de cárcel para el resto de cargas quedaría entre dos y cinco años, y las multas podrían alcanzar los 288.000 euros.
En cuanto al empleado, el supuesto robo podría recalificarse como un delito de hurto —no como robo con fuerza— si se demuestra que tenía acceso autorizado a la vivienda y no forzó ninguna puerta o mueble. En ese escenario, se expondría a una pena de entre seis y dieciocho meses de prisión, que ascendería a entre uno y tres años si el tribunal aprecia especial gravedad por el valor de lo sustraído. La calificación definitiva y la responsabilidad penal de ambos están ahora en manos del juzgado que instruye la causa.
