La organización sindical CCOO cree que las designaciones de nuevos gerentes del Sermas están viciadas de “nulidad” por el procedimiento que se ha seguido, por lo que ha presentado un requerimiento contencioso-administrativo ante el Consejo de Gobierno de la CAM.
Para CCOO Sanidad Madrid el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo acciones “ilegales” en cuanto al nombramiento de varios gerentes del Sermas. Según la organización sindical, el Consejo de Gobierno de la CAM ha incumplido sucesivamente la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Es por eso que ahora los sindicatos sanitarios han procedido ha presentar un requerimiento Contencioso-Administrativo ante el consejo.
Ahora y sin respuestas aún por parte del Gobierno regional, este último tendrá un plazo de diez días para responder al requerimiento presentado por CC.OO Sanidad Madrid. Este requerimiento hace referencia al nombramiento de varios gerentes de hospitales, del Summa 112 y de Atención Primaria, según ha trasladado el sindicato en un comunicado. La organización sindical ha asegurado que la norma de la Comunidad de Madrid establece que el Gobierno regional debe constituir la Junta de Gobierno y que por lo tanto, en ella deben participar, entre otros, representantes de la ciudadanía y también de los profesionales.
Entre las múltiples funciones de dicha Junta, se encuentra la de evaluar el desempeño de los nombramientos de los directivos existentes en las organizaciones del Sermas. Estos nombramientos de Sanidad hacen referencia a las directoras gerentes de hospitales y a Direcciones Territoriales de Atención Primaria. Ahora desde la organización sindical aseguran que este proceso de nombramiento se ha llevado a cabo de forma “ilegal” ante el silencio del Gobierno regional.
LOS SINDICATOS CREEN QUE SE TRATA DE UN VICIO “GRAVE”
En esta línea, desde CCOO Sanidad Madrid consideran que los nombramientos se encuentran “afectados de un vicio grave e insubsanable de nulidad al derivarse de una resolución nula de pleno derecho que debió dejarse sin efectos”. Es por ello que desde la organización sindical reclaman al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que en el plazo de 10 días proceda a “dictar u ordenar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Sermas”.
En este contexto, la organización sindical de Sanidad insta a que se proceda “a la creación, desarrollo y constitución de cuantos organismos crea la Ley que resultan claves para la protección de la salud, permitiendo una mayor autonomía en la gestión y garantizando el nivel adecuado de control y transparencia de la Administración con rendición de cuentas en la gestión sanitaria”.
Por lo tanto, esta medida ha sido adoptada por CC.OO Sanidad Madrid al considerar dicha organización sindical que el Gobierno de Ayuso “vulnera sistemáticamente” el artículo 43 de la Constitución. Este último reconoce el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos la competencia para organizar y tutelar la sanidad pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
VUELTA DE LA HUELGA DE ATENCIÓN PRIMARIA EL 11 DE ENERO
En este sentido, el sindicato mayoritario entre los médicos madrileños (Amyts) continúa valorando los dos puntos de la negociación para mejorar las condiciones laborales de los profesionales y llegar a un acuerdo con la consejería de Sanidad madrileña. De hecho, Amyts se ha dado de plazo hasta el 11 de enero para estudiar estos dos puntos.
Se trata del incremento del valor de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI-población asignada) a cada profesional, en la categoría de médico familia y pediatra; y una incentivación de la cobertura de plazas de médicos y familia y pediatra en el turno de tarde. La huelga volverá el 11 de enero después de analizar la propuesta del Gobierno de Ayuso, al que CC.OO Sanidad Madrid acusa directamente de nombrar de forma “ilegal” a los gerentes que trabajan en el Sermas.
