La Ciudad de la Justicia, el proyecto de la Comunidad de Madrid para concentrar las sedes judiciales del partido judicial de Madrid en el madrileño barrio de Valdebebas, no se privatizará y contará con espacios humanizados que incluye itinerarios diferentes para víctimas con la finalidad de proteger a los usuarios más vulnerables.
Durante una comparecencia en la Comisión de Justicia de la Asamblea de Madrid, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha detallado la fase inicial en el que se encuentra este proyecto, cuya puesta en marcha es “imprescindible” para hacer “una Justicia moderna y ágil” que mejore la labor que desarrollan los operadores jurídicos.
López ha reafirmado la apuesta del Gobierno regional en unificar las infraestructuras inmobiliarias del partido judicial de Madrid en una sola sede y aprovechar todo lo construido del fracasado Campus de la Justicia pero “teniendo muy en cuenta el aspecto exterior de los edificios, la funcionalidad y los requerimientos que exige la arquitectura actual para los nuevos edificios”.
En su intervención, López ha reiterado el compromiso de la Comunidad de Madrid en “contar con una justicia moderna y de calidad, más ágil y eficiente, más cómoda y más humana”, dado que supone “una prioridad asumida por todo el Gobierno de la Comunidad”.
El Gobierno regional trabaja en la creación del Distrito Judicial Único en la Capital, el proyecto de Ciudad de la Justicia, “que existe en tantas comunidades y provincias españolas, y del que Madrid a estas alturas carece”.
El pasado mes de diciembre, se puso ya en marcha en el conocido ‘donut’ de Valdebebas el Instituto de Medicina Legal (IML), “una nueva referencia judicial de la medicina forense, una herramienta de vanguardia al servicio de la Justicia y la punta de lanza de las investigaciones sobre el Covid 19, con una Sala de Bioseguridad NCB3, que es un ejemplo de innovación”.
ESTUDIO DE VIABILIDAD
La Comunidad de Madrid proyectará en la Ciudad de la Justicia espacios humanizados, que eviten revictimizaciones y protejan a los usuarios más vulnerables de la justicia, así como espacios sostenibles y resilientes, reduciendo la huella de carbono, con un consumo energético más racional, y una accesibilidad garantizada al 100 por 100.
“Un complejo que haga posible una justicia moderna, que redunde en una mayor comodidad y mejore la labor de los operadores jurídicos, un mejor servicio público al ciudadano y también la optimización de los recursos, al reducirse los costes asociados al arrendamiento de edificios, al mantenimiento, conservación y vigilancia de las sedes”, ha señalado el consejero.
López ha recalcado que el proyecto va a mantener el carácter público de la justicia, que “no es privatizable de ninguna de las maneras”, indicando que el estudio de viabilidad solicitado será el que establezca “las mejores fórmulas de concesión administrativa y de colaboración público-privada” para financiar el proyecto”.
El consejero ha reseñado que resulta “imprescindible” estudiar a fondo muchas cuestiones de “tipo urbanístico, el cuadro de necesidades, la superficie del espacio de reserva, la forma de los edificios, también la adaptación de la arquitectura a las modificaciones legislativas que afectan a la configuración de los juzgados, etc”.
También ha apuntado que hay que analizar y sopesar muchos aspectos relacionados con el transporte, la red viaria y las comunicaciones, tanto en el ámbito autonómico como municipal.
Por ello, se ha comprometido a abrir “un diálogo franco y abierto, con el conjunto de operadores jurídicos, trabajadores del mundo de la justicia y los representantes de los grupos políticos”.
