El PP propone crear una “oficina antiokupación” en Leganés

El portavoz del Partido Popular en Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha recibido esta mañana en la localidad al vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, y al secretario de Política Autonómica, César Sánchez. Juntos han visitado el barrio de La Fortuna, “un barrio especialmente castigado por la ocupación ilegal”, explican los populares en nota de prensa.

Durante esta visita, Recuenco ha aprovechado para proponer al gobierno local la creación de “una oficina antiokupación en el municipio que preste apoyo jurídico a los propietarios afectados por el allanamiento de sus viviendas y a los vecinos del entorno que sufren un serio deterioro de la convivencia social a causa del citado problema”.

Los populares han explicado que la nueva “oficina antiokupación” contaría con “personal cualificado y formado en diversos ámbitos del Derecho para orientar a las víctimas de la ocupación” con el objetivo de “recuperar la propiedad que legítimamente les pertenece”.

Recuenco, que ha acusado al alcalde, Santiago Llorente, de tener “abandonado” en este aspecto al barrio de La Fortuna, ha añadido que “nadie merece sufrir el calvario que atraviesan las víctimas de la ocupación, que para recuperar una propiedad que legítimamente les pertenece se ven abocados a iniciar una larguísima y costosa batalla judicial”.

Terol explica a las asociaciones de vecinos su “plan antiokupación”

“Más allá de la propia ocupación -ha subrayado el portavoz local de los populares-, me preocupan los inconvenientes que se generan en torno a este problema, como el trapicheo de droga. Son conflictos que dinamitan la convivencia social en los barrios.”

Terol ha aprovechado la ocasión para explicar su “plan antiokupación” a representantes de diferentes asociaciones vecinales, que se basa en “la expulsión de los ocupas en un plazo de 12 horas, recuperar las penas de cárcel en el delito de usurpación ilegal, conceder facultad a las comunidades de propietarios para que puedan impulsar acciones judiciales y garantizar que las familias más vulnerables accedan a viviendas públicas“.

El objetivo de este plan es, en palabras del vicesecretario de Territorial, “luchar contra las mafias y contra aquellos que hacen negocios ocupando la propiedad privada”.