La Comunidad de Madrid sigue siendo la región española con los alquileres más caros, con una media de 1.550 euros al mes, a pesar del descenso del 15,84% que ha experimentado respecto al mismo periodo del año anterior, según el informe trimestral de precios de pisos.com.
A nivel nacional, la vivienda en alquiler tuvo una superficie media de 105 metros cuadrados con una renta mensual media de 958 euros, lo que supone un descenso del 4,37% respecto al mismo periodo del año anterior.
El director de estudios de pisos.com, Ferran Font, ha afirmado que las rentas del alquiler están “pisando el acelerador de las bajadas”.
Tras la región, las comunidades con los alquileres más caros fueron Cataluña (1.333 euros) y Baleares (1.294 euros). Por su parte, Extremadura (443 euros), Castilla-La Mancha (553 euros) y Galicia (594 euros) registraron las rentas más económicas.
Cataluña (+4,82%) fue la autonomía que más creció en el primer trimestre y Canarias (-6,88%) la que más se ajustó. De un año a otro, los incrementos más llamativos se dieron en Andalucía (+7,78%), Navarra (+5,44%) y Cataluña (+4,25%), mientras que los ajustes más llamativos los registraron Madrid (-15,84%), Baleares (-12,18%) y Canarias (-10,76%).
El experto asegura que, en momentos de contención económica, como el que se está viviendo debido a la crisis pandémica, “el mercado del alquiler siempre responde a la baja más rápido y de forma más llamativa que el de venta, que suele arrojar caídas más moderadas y progresivas”.
El portavoz del portal inmobiliario cree que “la estabilización de ambos indicadores dependerá en gran medida del cumplimiento de los planes de vacunación previstos y de la magnitud de las oleadas del virus que estén por venir”.
Además de los factores directamente relacionados con la pandemia, el directivo también alude al efecto que tendrán en el arrendamiento las medidas que formen parte de la “cada vez más cercana” Ley de Vivienda.
“Sobre la mesa del Gobierno de coalición se han vertido soluciones muy variopintas y no exentas de polémica que van desde la elaboración de índices de referencia para establecer límites y la definición de gran tenedor hasta los incentivos fiscales por bajar la renta y las penalizaciones por tener vivienda vacía”, ha resaltado Font.
